El Concello ha recurrido las sentencias que anularon los despidos de trabajadoras
03 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Amoeiro no está investigado judicialmente, circunscribiéndose en la actualidad las denuncias que están en marcha a actuaciones desarrolladas en el marco de las relaciones laborales. La institución está inmersa en la actualidad en varios procesos judiciales vinculados al despido de trabajadoras y por la decisión del grupo de gobierno que preside Rafael Rodríguez de negar a dos personas el derecho a inscribirse en las listas de contratación para Axuda no Fogar. En los primeros casos el Concello ya ha visto como los juzgados de lo social 4, 3 y 1 fallaron en su contra. En el de las últimas demandas, las mismas fueron cursadas en los Juzgados de lo Contencioso, en el 1 y en el 2, y se espera que las mismas sean vistas entre enero y febrero del próximo año. El proceso podría derivar, en caso de que el juzgado se posicione en contra del Concello, en causas penales por presunta prevaricación, aunque en la actualidad el alcalde no está imputado en ningún proceso por delito de prevaricación, como por error publicó ayer La Voz. En las denuncias por despido se falló en contra del Concello y la decisión adoptada por el alcalde, aunque con escenarios diferentes. En uno de los casos el despido se declaró nulo y la trabajadora se reincorporó a su puesto, en otro la sentencia decretó la improcedencia del mismo y se dio la posibilidad de optar por la indemnización ?el Concello recurrió ante el TSXG y también lo hizo la denunciante? y en el tercero se anuló la sanción impuesta por la institución municipal.
Dos de las trabajadoras acudieron con posterioridad a anotarse en la lista de contratación para Axuda no Fogar. Desde el Concello se les negó esta posibilidad y las afectadas presentaron recurso ante el Contencioso. Lo que se pide es la anulación de la decisión «de excluir a estas personas del proceso, lo que les impidó acceder a un puesto de trabajo» y se pueden dar varios supuestos, entre ellos la anulación del proceso o el derecho a indemnización.