De no haber sido por la huelga de los funcionarios de justicia, que ayer aún afectó a las vistas señaladas en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, Sergio C. Á, uno de los implicados en la operación Aleta, llegaría al banquillo por una acusación de denuncia falsa del año 2017 antes que por el asunto principal inicado en el 2010 en el Juzgado de Pobra de Trives. La fiscalía había formalizado en diciembre del 2016 el escrito de acusación contra los diez implicados en la causa principal. Sin que hubieran pasado dos meses, Sergio S. Á. acudió al Susector de Tráfico de Ourense para asegurar que no tenía nada que ver con un BMW 530 que estaba a su nombre. Comprobado que en septiembre del 2009 se lo había transferido el principal encausado, Santos Á. G., también constató la Guardia Civil que Sergio había dicho en el Juzgado de Trives que Santos se lo había transferido, previa petición, sin que el ahora acusado se opusiera. De este modo, una acción que sugería un proceder defensivo ante la imputación principal derivó una acusación por denuncia falsa. La fiscalía considera que «cuando el acusado interpuso su denuncia lo hizo consciente de que faltaba a la verdad de los hechos y con ánimo de atentar contra la administración». Las gestiones de la Guardia Civil habían conducido al archivo de la causa, sin provocar acciones judiciales. Se enfrenta a una petición de cuatro meses de prisión y 1.440 euros de multa.