La querella de una funcionaria lleva al alcalde de Trives al juzgado

La Voz OURENSE / LA VOZ

A POBRA DE TRIVES

LOLITA VÁZQUEZ

El regidor sostiene que las otras administraciones dan la espalda a este Concello

20 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde de A Pobra de Trives, Francisco José Fernández, es abogado, pero «no tiene conocimientos en materia contenciosa», según declaró ayer en el Juzgado de Trives como querellado en un procedimiento por prevaricación promovido por una funcionaria municipal. El asesoramiento jurídico se lo ofrece un gabinete externo. La trabajadora le atribuye el delito por el retraso con el que el regidor actuó a la hora de concederle la reincorporación al puesto por orden de la Audiencia Nacional, que suspendía una sanción administrativa a la funcionaria, Milagros Calvo.

La afectada, tras haber recibido la resolución de la Audiencia Nacional con fecha del pasado 16 de marzo, pidió el 28 de marzo que se le repusiera en el puesto. Tal situación efectiva no se produjo hasta el mes de septiembre, después de que el 4 de agosto se recibiera en el Concello un requerimiento de responsabilidad personal del alcalde para que cumpliera lo solicitado.

El regidor explicó que al ser vacaciones no había podido atenderlo hasta el día 7 de septiembre, que firmó el decreto de readmisión. Aclaró Fernández, por otra parte, que todo lo que entra por registro tiene conocimiento y que los asuntos se remiten a los servicios jurídicos, «que lleva un letrado de Madrid, con el cual tiene el Concello un contrato de colaboración». Sostiene el regidor que todos los escritos relacionados con los conflictos que mantiene con la misma funcionaria «se remitieron al letrado asesor, este preparaba un decreto para contestar al escrito, lo mandaba al Concello y el Concello únicamente lo traducía al gallego». Sobre esta misma mecánica, aclara que cuando recibió el requerimiento personal «se lo envió a su letrado y una vez que este preparó el decreto de admisión se tradujo al gallego y se notificó a la querellante».

En la declaración del alcalde, realizada ayer en calidad de investigado por un delito de prevaricación administrativa, Fernández Blanco sostiene que la Diputación, igual que la administración autonómica, cuentan -en este conflicto- con información «totalmente sesgada y parcial». Dice desconocer el alcalde un escrito de la Xunta que le advertía de la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo demandado por la funcionaria y añade que la administración «siempre actuó a favor de los intereses de la funcionaria sancionada y nunca a favor del Concello de Trives».

Francisco José Fernández preside una corporación con un grupo de siete concejales independientes (ATI), tres del PP y otro del grupo Son de Trives, también independiente.