El juzgado ratifica la suspensión de la secretaria de Trives

Una sentencia señala que la trabajadora emitía informes para el «entorpecimiento consciente» de las labores de la alcaldía


o barco / la voz

El expediente sancionador del Ministerio de Hacienda a la secretaria de Trives, Milagros Calvo, por dos faltas graves -que suponen su suspensión al trabajo como funcionaria durante un año y medio- tiene ahora un aval judicial. La trabajadora acudió al juzgado de lo contencioso en Madrid para pedir la anulación de la sanción, sin conseguirlo. El fallo desestima el recurso de Calvo, avalando lo que recogía el expediente sobre la conducta de la funcionaria, que habría emitido informes «en cascada (...) -según recoge la sentencia- que han supuesto un entorpecimiento consciente y reiterado de la actuación de la alcaldía, lo que supone un notorio incumplimiento de sus funciones esenciales».

La resolución judicial fue dada a conocer por el alcalde, Francisco José Fernández, acompañado de varios ediles de su grupo de gobierno. Fernández recordó que habían sido cuatro largos años. «Sufrín unha querela», dijo, por acoso interpuesta por la funcionaria, que fue archivada en el juzgado de Trives y después en la Audiencia. Y criticó la nula implicación de otras administraciones con la situación. Explicó que desde la Xunta se había dejado caducar un expediente a la trabajadora (por el que pedirán explicaciones, dijo); mientras que desde ese mismo organismo y desde la Diputación habían presionado en las últimas semanas para que la funcionaria regresase a su puesto. Calvo no trabaja en Trives desde mayo del año pasado, aunque sigue ejerciendo en San Xoán de Río y en la mancomunidad; a pesar de que la suspensión es como funcionaria, no como empleada en un sitio concreto. Desde Trives pedirán información al Ministerio sobre esta situación.

«A sentenza leva aparellada a perda do posto de traballo en Trives», destacó el alcalde. «E declara probados que de maneira manifestamente intencionada fixo perder subvencións, usurpou funcións da alcaldía e impediu contratacións e pagos», dijo.

La sentencia puede recurrirse; y sí lo hará el Concello. Pedirá que la funcionaria esté apartada del puesto seis años.

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