El alcalde de Trives llegará en mayo al banquillo acusado de prevaricación administrativa
A POBRA DE TRIVES
El caso tiene su origen en un pleno del año 2014, que levantó sin permitir a la oposición ni una intervención
02 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Alcaldes como los de Xinzo y Vilariño de Conso saben que el banquillo de acusados los está esperando. No tienen fecha, ni conocen el alcance de la pena a la que se enfrentarán cuando llegue ese momento, pero uno y otro están en lista de espera. El regidor de Vilariño de Conso, de hecho, ya anticipó la jugada y se dio de baja en el PP. Al de Xinzo aún le quedan trámites hasta que se vea presionado por su propio partido a hacer lo propio. El regidor de A Pobra de Trives, sin embargo, no tiene ese problema. Francisco José Fernández Blanco tiene cita en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense el próximo 24 de mayo, pero no tendrá necesidad de dimitir ni pedir baja alguna, pues, a fin de cuentas, no está sometido a la disciplina de organización política alguna, al haber resultado elegido como líder de la Agrupación Trivesa Independiente (ATI).
El alcalde de Trives se enfrenta a una petición de condena de ocho años de inhabilitación, de acuerdo con el escrito de acusación particular que ejerce el ex concejala del PSOE en Trives, Manuel José Vicente de Inés.
Los hechos a que se refiere la causa ocurrieron el 14 de enero del 2014, fecha en la que se celebró un pleno extraordinario de la corporación local de A Pobra de Trives, convocado por iniciativa de la oposición. En la sesión se debería discutir un escrito de la secretaria-interventora del Concello, que recusaba al regidor para la incoación de un expediente disciplinario al entender que había una evidente animadversión personal hacia ella. La sesión, en contra de lo esperado, fue presidida por el ahora acusada, que la abrió, pronunció un alegato y levantó el pleno sin debate, ni votación ni intervención de más concejales. Incluso, como subraya la acusación particular, «impidió asesorar al pleno al secretario», enviado expresamente desde la Diputación de Ourense para el asesoramiento legal de la sesión.
Ni al secretario
El acta, de hecho, recoge cómo el funcionario solicitó en dos ocasiones el uso de la palabra y en ambas contestó el alcalde «que non estaba en uso da palabra». Aquel pleno había rematado con la entrega al secretario, por parte del alcalde, de un informe jurídico para que lo incorporara al expediente y así «dou por concluido o pleno levantando a sesión» extraordinaria.
Ese episodio se había producido, como recuerda la acusación particular ejercida por un ex concejal del PSOE, a raíz de que el alcalde decidiera incoar un segundo expediente disciplinario a la secretaria-interventora del Concello, con quien tenía una mala relación desde el mismo momento en que Fernández Blanco accedió a la alcaldía en su primera etapa entre mayo del 2007 y junio del 2008, cuando fue desalojado del puesto por una moción de censura. La relación, según dice la acusación particular, era mala «al considerar a la funcionaria como parte de su oposición política». Fruto de esa oposición se produjeron mutuas denuncias penales entre la funcionaria y el alcalde, sin que la situación se haya suavizado, sino al contrario, con el paso del tiempo.
Francisco José Fernández Blanco es alcalde desde las elecciones de mayo del 2011 como cabeza de lista de la Agrupación Trivesa Independiente (ATI). La funcionaria, por su parte, está actualmente suspendida de funciones, sin que la justicia haya aceptado su reincorporación en tanto no se resuelva el recurso que tiene presentado contra la medida disciplinaria que la afecta.
La acusación la ejercerá en solitario el ex concejal del PSOE, toda vez que el ministerio público no llegó a formular escrito de acusación por esos hechos.
Por su parte, la defensa del alcalde de Trives cree que el denunciante, acusación particular en este caso, ex concejal y presidente de la mancomunidad de Terras do Navea-Bibei, actúa de forma coordinada con la secretaria municipal, actualmente suspendida, «para intentar conseguir en el juzgado lo que han podido conseguir en las urnas». Acusa a la funcionaria de actuar de forma sectaria y a favor del PP, utilizando las funciones de secretaria para torpedear la actividad política municipal. Resalta, por otra parte, que los expedientes disciplinarios a la funcionaria prosperaron. Sobre el polémico pleno, hace hincapié en que la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque falló en contra la tesis del alcalde, no llegó a apreciar patente ilegalidad ni deducir testimonio de lo ocurrido.