Acusan a un árbitro de fútbol de robar dinero a jugadores en los vestuarios
A PEROXA
La fiscalía quiere que devuelva 1.795 euros y solicita dieciocho meses de prisión
15 feb 2018 . Actualizado a las 13:32 h.El «robo» es un clásico del arbitraje, si fuera cierto lo que aficionados y jugadores, llevados por la pasión, reprochan en más de una ocasión al señor de negro, con un sentido figurado cuando el resultado no se corresponde con los deseos de unos o con la sensación en el campo de los otros. La acusación de robo a José Alberto A. M., sin embargo, no es el exceso verbal del socio de un club, o del futbolista sobrepasado por la adrenalina. La Fiscalía lo acusa de un delito continuado de hurto, del que fueron víctimas distintos jugadores, que, confiados, dejaban sus carteras en los vestuarios de diferentes campos. Hasta de nueve sustracciones de dinero es acusado el árbitro monfortino, que se enfrenta a una petición de condena de año y medio de prisión, con cinco años de inhabilitación para esa actividad.
Las actuaciones que el ministerio público atribuye al árbitro ocurrieron entre el 16 de mayo y el 22 de noviembre del 2015. Dice el escrito de acusación que el imputado, prevaliéndose de su función de árbitro, lo cual le facilitaba el acceso a las instalaciones, durante los partidos oficiales en los que desempeñaba su función aprovechó para meter mano en la cartera de algún jugador y apropiarse de dinero.
El primer capítulo se escribió en el campo municipal de Cea el 16 de mayo del 2015. Era sábado. Durante el descanso, según se desprende de las conclusiones a las que llegó la fiscalía tras escuchar a los testigos y a los guardias civiles que investigaron el asunto, se coló en el vestuario y sustrajo a un jugador la cartera con documentación y 30 euros. La segunda vez fue en Cartelle una semana después, el domingo día 24. En esa ocasión se adentró en el vestuario arbitral y sustrajo 260 euros a un compañero, que había dejado el dinero con la ropa en aquel lugar. Presumía que era un espacio seguro.
Tras el parón veraniego, el 19 de septiembre tuvo otra oportunidad en el campo de fútbol del Sarreaus, donde desapareció otro cartera, en esta ocasión con 180 euros en efectivo. En el campo de A Peroxa, el 27 de septiembre, fueron dos los perjudicados. A uno de los jugadores le desaparecieron treinta euros que tenía en el bolsillo. Al segundo le faltaron ochenta euros.
El siguiente fin de semana, 3 de octubre, hubo partido en el campo de San Cibrao das Viñas, donde uno de los jugadores -de liga de veteranos- se quedó sin la cartera, con 580 euros y documentación. En el campo de O Marco, municipio de A Peroxa, le faltaron 130 euros y la cartera a otro jugador. Igual que le ocurrió a otro futbolista veterano el 30 de octubre, en el estadio de A Moreira, en Xinzo de Limia, donde desaparecieron 270 euros.
Con una semana de descanso por medio, el 15 y el 22 de noviembre se añadieron los últimos robos que la fiscalía atribuye a este árbitro. Uno, en el campo de Miraflores, con un botín de 140 euros, sumando 120 euros de un futbolista y 20 de otro. El otro, en Outeiro Maior, de Vilamarín, dejó como botín 95 euros, con el perjuicio añadido para la víctima de haberse quedado sin cartera.
El juicio, con un total de 19 testigos, fue aplazado por la huelga en los juzgados
La vista oral del asunto debería haberse celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense. Pero no fue así. Al no ser un asunto prioritario, ni de violencia de género ni estar el acusado privado de libertad, se suspendió. Aparte del acusado estaban convocados en el edificio judicial un total de diecinueve testigos, entre los que se cuentan los directamente perjudicados por los robos y también los cuatro guardias civiles que intervinieron en la investigación.
El escrito de acusación detalla las cantidades que reclama cada uno de los perjudicados. El ministerio público considera que, aparte del acusado, es responsable civil subsidiario el Comité de Árbitros de Ourense. El imputado desarrollaba su actividad a instancias del citado comité, razón por la que la fiscalía estima que, ante la eventualidad de una insolvencia, debe ser este órgano el que se haga cargo del pago de las indemnizaciones.