Los concellos gastan un 33 % menos en protección social que hace siete años

La caída en el Ayuntamiento de Ourense fue aún mayor, de doce a seis millones


Ourense

Aunque es precisamente en momentos de crisis económica cuando más necesaria se hace la protección social, el gasto de los ayuntamientos ourensanos en esa materia cayó radicalmente. Según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación a la liquidación presupuestaria de las entidades locales, en el año 2010 (el primero en el que se categorizan las partidas con el mismo sistema que en la actualidad) los concellos de la provincia dedicaron a «actuaciones de protección y promoción social» 39,3 millones de euros.

En el año 2016 -teniendo en cuenta que faltan los datos de seis concellos, casi todos pequeños: Castro Caldelas, Cortegada, A Merca, Pontedeva, Ramirás y Verín- el gasto de los concellos en ese tipo de actuaciones se rebajó a 26,2 millones de euros. Excluyendo ese ejercicio, en el período 2010-2016 la cuantía dedicada a protección y promoción social tocó fondo en el año 2012, con 27,2 millones de euros. Todos estos datos suponen que en la actualidad los concellos de la provincia gastan en esa materia un 33 % menos que hace siete años.

Si se analiza exclusivamente al Ayuntamiento de la capital ourensana, el recorte es aún mayor. Según los datos de liquidación presupuestaria facilitados al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Concello dedicaba a este bloque de gastos 12,9 millones de euros en el año 2010, mientras que en el 2016 fueron tan solo 6,9 millones, casi la mitad.

En ese capítulo de «actuaciones de protección y promoción social» se incluyen pensiones y otras prestaciones económicas a favor de los trabajadores municipales así como, en general, los servicios sociales y de promoción social y también el fomento del empleo. Existe otro capítulo, el de «servicios públicos básicos» en el que se incluyen gastos relacionados con seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. En este caso los concellos de la provincia también han rebajado sus gastos si se comparan con los del año 2010. Entonces dedicaban a ese tipo de actuaciones 127,6 millones de euros mientras que el pasado ejercicio esa suma cayó hasta los 98,7. El Concello de la capital ourensana no escapa a esa tendencia, al pasar en ese período de un gasto de 55,3 a 42,2 millones de euros en los citados «servicios públicos básicos». Lo mismo ocurre con el capítulo de «producción de bienes públicos de carácter preferente» (sanidad, educación, cultura y deporte), que a nivel provincial cayó de 42,7 a 29,2 millones (la ciudad pasó de 15,2 a 11,5).

Recorte generalizado

En definitiva, casi todos los capítulos de gasto de los ayuntamientos ourensanos han sufrido una notable contracción en los últimos años. Los concellos han visto recortadas sus vías de ingresos, tanto en lo que respecta a las aportaciones del Estado como al cobro de tributos municipales, y deben gestionar los servicios públicos con menos dinero. Según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el año 2010 los ayuntamientos ourensanos manejaron un total de 314,9 millones y en el 2016 fueron 250.

Las entidades locales dedican ahora el doble a pagar deudas que en el año 2010

Cuando la crisis económica estalló, el Gobierno central puso el foco en la contención presupuestaria de las Administraciones. El ejecutivo de Mariano Rajoy impuso el objetivo de reducir el déficit público y obligó a las entidades locales a destinar su superávit, si disponían de él, a la amortización de sus deudas. Al mismo tiempo, estableció para los ayuntamientos obstáculos para la contratación de personal, algo esencial para la prestación de los servicios sociales de responsabilidad municipal.

Como resultado de esas políticas, los ayuntamientos ourensanos han reducido notablemente su gasto en esa materia y, en cambio, el pago de la deuda pública se ha convertido en el único capítulo de gastos que se incrementa. El resto -servicios públicos básicos, actuaciones de protección y promoción social, producción de bienes de carácter preferente, actuaciones de carácter económico y actuaciones de carácter general- suponen ahora un gasto menor que en el año 2010.

Hacer frente a sus pagos pendientes consumía hace siete años 10,3 millones de euros. El pasado ejercicio, sin embargo, los concellos de la provincia dedicaron a amortizar sus deudas más del doble: 21,6 millones. En el caso del Concello de Ourense, la evolución en ese período ha sido similar, al pasar de 5,1 millones hace siete años a los 16,3 pagados el año pasado.

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