La fiscalía quiere inhabilitar al alcalde de A Merca por el retraso para cumplir un derribo de 1996

Le atribuye maniobras dilatorias para no ejecutar hasta 2015 una sentencia firme del Tribunal Superior


ourense / la voz

La relación de alcaldes cuyo futuro inmediato está amenazado por acciones judiciales incluye también al regidor de A Merca, Manuel Jorge Velo Reinoso, del PP. Está acusado de un delito de desobediencia. La fiscalía propone como condena una multa de setecientos euros -dos meses y diez días, con cuota diaria de diez euros- y cinco meses de inhabilitación para empleo o cargo público. La vista, aunque estaba señalada para ayer, lunes, no llegó a celebrarse a la espera de una eventual conformidad.

El fiscal considera que el regidor, contra quien se querelló el ministerio público, «de manera consciente, reiterada y contumaz se opuso al cumplimiento de lo ordenado» por una sentencia. La resolución, al anular el acuerdo municipal de junio de 1994 que legalizaba las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en Corbillón, ordenaba el derribo.

Las sentencias le fueron notificadas personalmente tanto al anterior alcalde, Manuel Vázquez Outeiriño, como al actual, con apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. De hecho, un auto del Tribunal Supremo de abril del 2004 acordaba notificar en la persona del ahora acusado el «cumplimiento exacto de la sentencia con apercibimiento de deducir testimonio por un delito de desobediencia».

No solo no realizó acciones efectivas tendentes a cumplir lo ordenado, según la interpretación que el fiscal hace en el escrito de acusación, sino que utilizó «maniobras dilatorias» con presentación de distintos escritos «que bajo la apariencia de plantear cuestiones procesales escondían la última intención de que no se procediera a ejecutar la sentencia con el derribo».

Después de otros recursos judiciales, en febrero del 20015 empezó a cumplirse la sentencia y en julio del 2015 un auto del Tribunal Superior de Galicia la daba por ejecutada.

Los recursos como razón

El acusado ha defendido hasta ahora que no se actuó antes porque había recursos pendientes, que había voluntad de ejecutar la sentencia y proceder al derribo, que en algún año carecían de consignación presupuestaria para acometer la obra y, finalmente, que esperaron a que los propietarias de la casa resolvieran sus problemas y fue necesario convencerlos para que salieran.

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