A Bola desaloja la residencia de ancianos pese a la oposición de la empresa concesionaria

El Concello hizo valer el auto judicial que le autoriza a entrar


ourense / la voz

Con la presencia de la Guardia Civil en el interior de la residencia de ancianos y más personal del Concello de A Bola, identificado con una tarjeta, comenzó ayer el desalojo del geriátrico, objeto de conflicto entre el ayuntamiento y la concesionaria desde hace dos años. Algún mayor fue ya retirado por sus familiares y la intención del Concello de A Bola es que en el día de hoy pueda quedar el edificio desocupado para cerrarlo. En el lugar se personaron desde primera hora de la mañana representantes del sindicato CIG.

En un careo con la alcaldesa, Teresa Barge, el sindicalista Anxo Pérez Carballo le pidió que se entregase a los trabajadores un documento que les justifique que están dentro de un expediente de regulación de empleo, se les dé una carta de despido o un permiso de vacaciones. La alcaldesa repuso que eso es competencia de la empresa que los contrató y que el ayuntamiento ha intentado notificarles por carta el auto judicial que les autoriza a desalojar el edificio.

Con esa resolución judicial, y el apoyo recabado ante la Subdelegación del Gobierno para contar con la Guardia Civil, el Concello entró en la residencia con personal que, según dice la regidora, tiene la formación como auxiliares de geriatría. El administrador, Manuel Fernández, obtuvo por escrito los certificados municipales que le acreditan que el Concello pasa a hacerse responsable del edificio y de sus usuarios. Con ese escrito, accedió a entregar un lote de medicación de los residentes al personal que se ocupará de ellos hasta su definitivo traslado. La médico del centro de salud acudió a certificar la medicación. A los trabajadores se les conminó a recoger sus pertenencias y a la empresa, su material, entre ello un tensiómetro.

La alcaldesa insiste en que ya tienen plazas en otras residencias buscadas para todos los usuarios y que estos son su principal preocupación. A los trabajadores dice que les respetará sus derechos cuando se reabra el centro. En un plazo de seis meses, afirma que harán reparaciones para subsanar deficiencias que Barge achaca a la falta de mantenimiento del edificio. Mostró a la prensa presente las zonas por las que corren aguas fecales -motivo por el cual justifica el cierre ya que hay que hacer zanjas y levantar pavimentos- además de varios cuartos en el sótano llenos de cajas. En ese bajo hay mal olor. El adjudicatario dice que el centro pasó siete inspecciones y que ninguna aconsejaba su cierre. Este y los sindicalistas se preguntaron por la ausencia de la fiscalía de mayores y de la Xunta.

«Quedamos en tierra de nadie», dijo una trabajadora. La CIG les aconsejó que se sigan presentando a su puesto de trabajo, aunque no les dejen entrar. El empresario emplaza al Concello a que se haga cargo de ellos. Fernández dice que ha perdido dinero con una residencia que tiene 24 plazas en la que no se realizaron obras de ampliación a 85 residentes. La alcaldesa asegura que defiende el patrimonio municipal, que el edificio costó 1,7 millones de euros y que el empresario -cuya concesión expiró hace más de dos años- debía 130.000 euros al Concello, además de que despidió a seis trabajadores naturales de A Bola.

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