El exdelegado de la Xunta pide justicia «despois de 13 anos de purgatorio»

Las defensas y el fiscal solicitan la absolución para los cuatro acusados al considerar que no se malversaron fondos europeos


OURENSE / LA VOZ

Visto para sentencia quedó este lunes en la Audiencia provincial de Ourense el caso contra el exdelegado de la Xunta y otros tres imputados, juzgados por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documento público. Tras una semana en la que se redujo de once a cuatro el número de imputados, al decretarse prescripción de los hechos para los exonerados, y después de haber oído las declaraciones de testigos y peritos sobre cómo se gestionaron los fondos europeos concedidos en diciembre del año 1999 para la construcción de una planta de biomasa en Arnoia, está ahora en manos del tribunal decidir sobre la responsabilidad de los imputados que los hechos, en los que solo ve delito la Asociación para o progreso do Ribeiro, vinculada al PSOE y personada como acusación popular.

Eso sí, antes de terminar la vista Rogelio Martínez, el acusado más conocido por haber sido primero alcalde de Arnoia por el Partido Popular y más tarde delegado de la Xunta en Ourense, quiso hacer uso de su derecho a la última palabra. «Despois de 13 anos de purgatorio, de pena de telediario, e de sufrir importantes danos persoais, familiares, económicos e políticos por este asunto, quero pedir xustiza», dijo el excargo público, para el que se reclaman 16 años de prisión. Martínez, cesado en 2015, aseguró que los hechos que se le imputan no son delito y responsabilizó a la acusación popular de tener una única finalidad, la de «cercenar a vida política deste imputado, sen importarlles levarse por diante a profesionais e empresarios». Quien antaño fuera uno de los cargos públicos provinciales con mayor peso, reconoció estar «preocupado polo futuro» y culpó de su situación al socialista Miguel Fidalgo Areda, «que pide que nos metan no cárcere un porrón de anos».

Todas las defensas, además del fiscal, reclaman la absolución tanto para Martínez como para el resto de acusados, Juan Emilio A. E., Pablo F. L. y Gumersindo Á. R. Además de aludir los abogados a la prescripción, una sombra que ha planeado sobre este caso de manera recurrente, consideraron probado que el dinero que se solicitó para la construcción de la planta de biomasa se utilizó para el fin previsto y que la instalación llegó a funcionar. Aludieron, en este sentido, al informe realizado por uno de los peritos, que certificó esos trabajos, consistentes en rehabilitar un viejo galpón municipal. También recordaron que hubo reparación del daño ya que, tras una sentencia de la Audiencia Nacional, se devolvió el dinero recibido y negaron que los acusados se hubieran lucrado.

La acusación popular: «Este caso es el ejemplo de lo que no puede tolerar el estado de Derecho»

Los reproches entre las partes han sido constantes durante toda la vista oral por este caso y no podían faltar en la última sesión del juicio. El letrado de la acusación popular volvió de nuevo a arremeter contra el sistema judicial por la tardanza en instruir este caso, que se denunció por primera vez en el año 2006, y lamentó la posición que ha mantenido la Fiscalía, que pide la absolución para los cuatro acusados. «Lo que ha pasado en este proceso penal es el ejemplo de lo que no debe ser, las presiones que este letrado ha recibido, la frustración penal, un ejemplo de como no debe actuar el ministerio fiscal y de lo que no puede tolerar el sistema de derecho, por muy cargos públicos que hayan sido algunos», aseguró en su informe final.

Esta parte ve un delito de malversación de caudales públicos en la conducta de Rogelio Martínez, Juan Emilio A. E., Pablo F. L. y Gumersindo Á. R., solicitando para cada uno de ellos seis años de cárcel. Por el delito de fraude de subvenciones, que también imputa a los cuatro, pide esta parte otros cuatro años de prisión, reclamando seis más por la falsedad en documentos oficiales, si bien de este último cargo excluye a Gumersindo. Esta parte ve probado que los acusados sustrajeron recursos públicos. «Ellos solicitaron la subvención y ellos mismos se la concedieron», asegurando que la planta de biomasa nunca se llegó a utilizar más que para «almacenar aperos y animales muertos». Opina la acusación popular que los certificados de obra no se correspondieron con la realidad de lo ejecutado y que los acusados «gastaron 600.000 pesetas y justificaron una obra de trece millones».

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