La acusación popular pide 16 años de cárcel para el exdelegado de la Xunta

«No hay coincidencia con una planta de biomasa», dice un técnico de Agader que inspeccionó los trabajos realizados en Arnoia


ourense / la voz

El juicio contra el exdelegado de la Xunta en Ourense y otros cuatro imputados avanza en la Audiencia provincial, aunque con la misma tónica que lo ha hecho durante los años de instrucción: despacio. Este jueves, tras completarse la prueba testifical y pericial, el tribunal decidió suspender la vista hasta el lunes tras solicitarlo las defensas. Lo reclamaron después de que el letrado de la acusación popular presentase un escrito de conclusiones definitivas que, según la otra parte, modifica sustancialmente el relato de hechos de su primer informe. Tras un intenso debate no exento de controversia por si pudiese existir indefensión, los togados optaron por aplazar hasta el día 10 la presentación de los informes finales de un caso que se centra en unos hechos ocurridos en 1999 y denunciados en el 2006.

Con todo, se conocen ya las penas que la Asociación para o progreso do Ribeiro, la única que acusa en este asunto, solicita para los imputados, y que implican muchos años de prisión. Esta parte ve pruebas de que cometieron delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y fraude de subvenciones, solicitando dieciséis años de cárcel para Rogelio Martínez, exdelegado de la Xunta y alcalde de Arnoia por el PP en el momento de los hechos, así como para Juan Emilio A. E. y Pablo F. L. Para el otro imputado, Gumersindo Á. R., al que no se acusa de falsedad en documento oficial, la pena solicitada es de diez años de prisión.

El asunto gira sobre la concesión hace veinte años de una subvención de 39.000 euros procedentes de los fondos Leader para la construcción de una planta de biomasa en el municipio de Arnoia a través de Ceivam, un grupo creado para poner en marcha iniciativas de dinamización comarcal que, como alcalde, presidía Rogelio Martínez. Según la acusación la planta nunca se edificó, sino que se rehabilitó un galpón de una parcela municipal «al que solo le añadieron tejas por encima de la uralita existente», dice el escrito. Ve también esta parte infracción penal en los expedientes de las ayudas concedidas a varios artesanos.

Precisamente, uno de los técnicos de la Axencia Galega de Desenvolvemento rural que inspeccionó los trabajos en 2006, confirmó que lo que vio «no tenía coincidencia con una planta de biomasa», explicando que en el interior no había ninguna maquinaria certificada. Confirmó que lo que se había hecho era «adecentar una nave que ya existía».

Sobre esto último poca discusión puede haber ya que también los operarios de la empresa que llevó a cargo las obras explicaron que en el lugar de los hechos «reformouse o que xa estaba».

No existe coincidencia, sin embargo, en las dimensiones de los trabajos efectuados. Según el perito de la defensa, lo certificado y cobrado por la empresa se correspondía con lo ejecutado, a lo que concedió un valor de 39.400 euros. Para el perito de la acusación, los trabajos efectuados costaron 5.800 euros.

A la espera de los informes del lunes, las cuatro defensas ya anunciaron que solicitarán atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y reparación del daño. Esto último se debe a que Ceivam ya tuvo que devolver el dinero de la subvención, al dictaminarlo una sentencia.

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