«Buscábamos el desarrollo comarcal», dice al tribunal el exdelegado de la Xunta

Trece años después de ser denunciado ante los tribunales, Rogelio Martínez, exdelegado de la Xunta en Ourense, tuvo por fin este miércoles que explicar ante el tribunal de la Audiencia cómo se gestionó el dinero procedente de los fondos Leader que se concedió en el año 1999 para la construcción de una planta de biomasa en Arnoia, localidad en la que entonces era alcalde por el Partido Popular. Acusado de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documento público, Martínez explicó que la subvención se solicitó a través de la asociación Ceivam, un organismo creado en 1993 para canalizar ayudas europeas destinadas a poner en marcha diversos proyectos en la comarca y que él, como regidor, presidía.

Una de esas iniciativas solicitadas, y aprobadas, fue la de la puesta en marcha de una infraestructura, con la que se pretendía aprovechar la masa forestal de la zona para producir abono destinado, entre otros usos, a viñedos. «Lo único que hubo fue la voluntad de atraer inversores a Arnoia para poder ejecutar las subvenciones que venían de Europa», dijo el expolítico al tribunal. Contestando únicamente a las preguntas del fiscal, que no acusa, y de su letrado, Martínez insistió en que «se buscaba el desarrollo de la comarca» con proyectos que pudieran aprovechar el tirón de empleo que había supuesto la puesta en marcha del balneario de Arnoia.

«Quizás fue pomposo llamarle planta de biomasa a aquel proyecto, pero se hizo así para que no hubiese ningún problema para poder optar a la subvención», aclaró el imputado, que aclaró que la planta estuvo funcionando durante un tiempo y dando servicio a particulares. Sobre el lugar en el que se hizo, aclaró que la iniciativa se puso en marcha en un terreno municipal en el que ya había un galpón que años atrás había sido usado con fines agrícolas, por lo que reunía «condiciones favorables».

Sobre la existencia de irregularidades, Rogelio Martínez aseguró que no supo de su existencia hasta tiempo después, cuando desde Agader se hizo una revisión de las obras. También confirmó que se devolvieron los 39.000 euros solicitados para el proyecto tras dictaminarlo una sentencia de la Audiencia Nacional, a pesar de que «la recurrimos porque nosotros entendíamos que se había cumplido la finalidad de la subvención».

Otro de los acusados, Pablo F. L., responsable administrativo y financiero de Ceivam, aseguró que el proyecto cumplió todos los requisitos legales y que se emitieron facturas por parte de quienes ejecutaron los trabajos de la planta, mientras que el gerente de la entidad, Juan Emilio A. E., explicó asimismo que «las obras cumplían la finalidad de lo proyectado», pese a lo cual hubo que devolver el dinero. También confirmó que la planta tuvo actividad.

El último en declarar fue Gumersindo Á. R., administrador de Actuar, una entidad que solicitó la subvención a Ceivam. «Lo que queríamos era buscar proyectos para que los jóvenes que nos habíamos quedado en la aldea pudiésemos trabajar», afirmó al tribunal.

La vista por este caso continuará este jueves, entrando ya en su recta final.

De once a cuatro acusados por prescribir la falsedad, el fraude y la prevaricación

La respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas en la primera sesión del juicio sirvieron para modificar, de forma muy significativa, la composición del banquillo de los acusados. El tribunal de la Audiencia, en el que ejerce como ponente el presidente, Antonio Piña, dictaminó la prescripción de los delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones, declarando la absolución de siete de los once imputados. Se trata de Alfredo L. G., Severino V. N., Ramón S. D., Adrián S. P., María del Carmen G. N., Miguel R. P. y Gumersindo Á. M. Además los togados ven también prescrito el delito de prevaricación. Esto afecta a Rogelio Martínez, único acusado al que se imputaba este delito, por el que se pedían 15 años de inhabilitación para cargo público.

---

---

---