La fiscal dice que los dueños de una pizarrera de O Barco causaron «un daño grave» a montes comunales al extraer pizarra sin autorización
OURENSE
Tres acusaciones piden casi 5 millones para recuperar el suelo, pero los investigados dicen que no hubo deterioro ambiental
05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Una actividad de minería a cielo abierto sin autorización causante de un grave daño ambiental que debe ser reparado o unos simples movimientos de tierras que no provocaron deterioro alguno en la zona donde se ejecutaron. Entre esas dos tesis oscila el caso que quedó visto para sentencia este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense. En el banquillo de los acusados se sentaron los responsables de la mercantil pizarrera Cafinsa Proyectos, S. L., padre e hijo, a los que se atribuye un delito contra el medio ambiente derivado de la extracción ilegal de pizarra en una explotación de Casaio (Carballeda de Valdeorras).
Las acusaciones solicitan para ellos penas de seis años de cárcel y casi cinco millones de euros destinados a restaurar los montes afectados. La asociación vecinal Montes Bajos Riodolas y los comuneros de Serra do Eixe, Casaio, Lardeira y Soutadoiro, perjudicados por lo ocurrido, han hecho frente común con la Fiscalía de Ourense, cuya representante se mostró muy contundente con los procesados durante la exposición de su informe de conclusiones. «Ha quedado perfectamente acreditado que causaron un grave daño al medio ambiente», expuso la fiscal Laura Echevarría, quien rechazó que los acusados, Francisco R. A. y Bruno R. B., tuvieran permiso de la Dirección Xeral de Minas. «Ni siquiera estaba vigente la concesión, que había caducado en el 2013», remarcó, recordando que la prórroga que pidieron nunca se les concedió. «La Administración les comunicó que no estaban autorizados y aun así siguieron», subrayó, responsabilizando por igual a los dos encausados, después de que el más joven negara tener poder de decisión en el negocio y dijera ser marino mercante. «Cinco personas lo señalan como responsable, como la cara visible», afirmó.
Asimismo, insistió en que se invadieron montes comunales. «Estamos ante escombreras que sepultaron suelo y vegetación», sostuvo, mencionando que Cafinsa no dispone de póliza de responsabilidad civil. «Actuaron con absoluto desprecio por las consecuencias de la actividad que desarrollaban para lucrarse», concluyó.
El abogado de la defensa, por su parte, sostiene que sí existía autorización para extraer pizarra, al entender que la simple petición para prorrogar la concesión de la mina San Vicente, que ya ostentaba el progenitor, amparaba los trabajos. «Tácitamente se les permitía explotar», argumentó el letrado, quien cuestionó las mediciones de las acusaciones en cuanto a la superficie afectada, alegando que en el pasado ya se habían desarrollado otras labores mineras. «No nos pueden hacer cargar con el muerto de otros», manifestó. Negó, además, que los «movimientos de tierra» causaran daños.