La sangría de abogados en el turno de oficio pone en jaque la justicia gratuita en Ourense

El sistema de justicia gratuita en la provincia de Ourense atraviesa una situación crítica que amenaza la calidad y la continuidad de la asistencia al ciudadano. Así lo ha denunciado la junta de gobierno del Colexio da Avogacía, que bajo el lema «o noso traballo, os nosos dereitos», advierte de que la tutela judicial efectiva no puede seguir sosteniéndose a costa del sacrificio económico de los profesionales. Desde la institución colegial recuerdan que el servicio público de justicia —erróneamente denominado justicia gratuita— garantiza el acceso a los tribunales de las personas sin recursos, pero insisten en que esta garantía constitucional no debe materializarse precarizando al colectivo que la sostiene.

Los datos aportados por el ente colegial reflejan una tendencia regresiva. En apenas tres años, el número de abogados adscritos al turno de oficio en la provincia ha descendido de 326 en 2023 a solo 260 en 2026. Este desánimo generalizado se traduce en caídas de personal en prácticamente todas las áreas. En civil se pasó de 261 a 194 profesionales y en penal, de 249 a 189. Violencia de género sufre una caída especialmente grave, pasando de 109 a 64 profesionales, lo que compromete la especialización en una materia de alta sensibilidad; mientras que en contencioso-administrativo se perdieron casi la mitad (eran 21 y quedan 12 abogados). El único ámbito con un incremento, aunque leve, es la jurisdicción contencioso-administrativa,en la que había 58 profesionales y ahora son 64.

A la centralización en la capital de los asuntos de violencia de género —decisión que el Colexio da Avogacía de Ourense recurrió— se suma ahora la dificultad geográfica de la provincia. Actualmente, la cobertura de los partidos judiciales de Xinzo de Limia, Bande y Celanova depende casi por completo de profesionales con sede en la ciudad de Ourense, ya que solo seis abogados con domicilio en dichos partidos están adscritos al turno penal. Para garantizar el servicio mínimo diario y evitar incompatibilidades entre acusado y víctima, la provincia necesita más de veinte profesionales de guardia al día.

Piden un estatuto del turno de oficio

Ante este escenario, la abogacía ourensana urge a regular su relación jurídica con la Administración a través de una norma específica que reconozca una relación laboral especial: «Pedimos a regulación das persoas profesionais adscritas ao servizo a través do recoñecemento dunha relación laboral especial non aspiramos a ser funcionarios nin funcionarias: aspiramos aos mesmos dereitos que o resto da cidadanía». El colectivo aclara que no reclama subvenciones, sino una retribución justa y actualizada al IPC que cubra la totalidad de las actuaciones realizadas —incluidas las que actualmente la Administración no abona—. Asimismo, exigen acabar con la desprotección social e integrar a los profesionales en el Régimen Público de la Seguridad Social.

Desde el Colexio da Avogacía concluyen que «a xustiza gratuíta non é de balde: págana os avogados e as avogadas de Ourense co seu tempo, o seu patrimonio e a súa saúde», e instan a las Administraciones competentes a abrir una mesa de negociación real. 

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