La Fiscalía de Ourense pedirá que Jácome sea juzgado por prevaricación

Miguel Ascón Belver
Miguel Ascón OURENSE

OURENSE

Gonzalo Pérez Jácome, en un pleno del Concello de Ourense, junto a su teniente de alcalde, Aníbal Péreira.
Gonzalo Pérez Jácome, en un pleno del Concello de Ourense, junto a su teniente de alcalde, Aníbal Péreira. SANTI M. AMIL

El Ministerio Fiscal desecha la petición de la acusación particular de añadir los delitos de malversación y falsedad documental

06 may 2026 . Actualizado a las 19:14 h.

El magistrado que investigó a Gonzalo Pérez Jácome por compatibilizar sus ingresos públicos con sus actividades privadas sin pedir autorización del pleno cerró la instrucción imputando al alcalde de Ourense un delito continuado de prevaricación. Tras ello, se abrió un plazo para que las partes formulasen escrito de acusación o pidiesen el sobreseimiento del caso y la Fiscalía ha confirmado que pedirá que Jácome se siente en el banquillo de los acusados por ese motivo.

El alcalde ourensano difundió un comunicado este miércoles desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento en el que afirmaba de que «o Ministerio Fiscal non formula acusación por prevaricación contra o alcalde ourensano». Esa información errónea forzó un pronunciamiento de la Fiscalía Provincial de Ourense, que tuvo que aclarar que no ha solicitado el archivo de la causa judicial contra Jácome. No ha presentado el escrito de calificación aún porque está pendiente de resolución el recurso de reforma que presentó la acusación particular para ampliar la causa con los delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Efectivamente, el exconcejal de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, que fue quien dio origen a todo este proceso con su querella, recurrió la imputación del alcalde al entender que su compatibilización de ingresos públicos y privados encaja también en una supuesta malversación. Además, subraya que Jácome mintió en sus declaraciones de patrimonio porque ocultó sus actividades privadas y hasta 18 propiedades inmobiliarias. Ese recurso está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial y es clave lo que pueda ocurrir con el delito de malversación ya que, de ser imputado también por ese motivo, cambiaría el procedimiento a jurado, según precisan fuentes de la Fiscalía, que confirman que, cuando llegue el momento, el fiscal encargado del caso, Mario Brualla, presentará escrito de acusación contra Jácome por prevaricación administrativa.

Lo que decía el comunicado difundido por el Concello de Ourense y que sí es cierto es que el Ministerio Fiscal se opone a la solicitud de Telmo Ucha de ampliar la causa con esos otros dos delitos citados. La Voz de Galicia ha tenido acceso a ese documento, en el que la Fiscalía desecha la malversación porque «no son fondos públicos que estén a su cargo previamente al acto, las remuneraciones de los cargos públicos, si no que posteriormente a obtenerlos lo hace indebidamente». Sobre la falsedad documental, dice que «los concejales del Ayuntamiento de Ourense sabían perfectamente las actividades a las que se dedicaba el investigado, por lo que la declaración de bienes públicos que hizo el mismo nunca logró el objeto de confundir o alterar la percepción de la realidad, siendo un hecho notorio que el investigado era el dueño de la televisión Auria, y que por la misma recibía importantes ingresos».

El Concello de Ourense difundió un nuevo comunicado a las 18.58 horas en el que el alcalde muestra su sorpresa por la decisión del Ministerio Fiscal. Es «incrible», según dice, que «transcorrido o tempo legal e tras anunciar eu hoxe que a Fiscalía non acusara, agora filtren á prensa que si presentarán o escrito, aínda fóra de prazo». Jácome recuerda que en el año 2025 se archivo una denuncia similar y habla de «cálculos e xiros xudiciais».

 Medio millón de euros

A Gonzalo Pérez Jácome se le investiga porque, desde que es alcalde, en el año 2019, compatibiliza su sueldo municipal por dedicación exclusiva al cargo con sus actividades privadas. Están en cuestión salarios que suman cerca de medio millón de euros y que compaginó durante todo este tiempo con sus actividades privadas. En el auto de imputación, el magistrado que instruyó el caso concluye que el alcalde era plenamente consciente de que para ello debía solicitar el permiso del pleno, pero no lo hizo.