José Antonio Álvarez, presidente de la federación de AMPA: «El cambio de manuales es totalmente innecesario»

José Antonio Álvarez Caride (Ourense, 1969) se vinculó por primera vez a una asociación de padres espoleado por dos preocupaciones: el mantenimiento de la jornada partida y los problemas que detectaba en el servicio de comedor escolar del centro en el que estudiaban sus hijos y que servía una empresa de cátering. Este segundo asunto sigue siendo un tema primordial para el presidente de la federación que reúne a las AMPA de centros públicos de la provincia ourensana (FAPA As Burgas). De hecho, Álvarez Caride también es miembro de la Plataforma Estatal de Alimentación Saludable en la Escuela, además de ser el coordinador de la comisión de comedores de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), de cuya directiva forma parte.

—¿Les preocupa que la subida de precios pueda generar problemas en el servicio este curso?

—Es una de nuestras principales preocupaciones, sobre todo por los centros de gestión indirecta de la Xunta, donde las familias no tenemos un control directo sobre las materias primas, como tampoco lo tiene la Administración; ni de los platos que sirven las empresas de cátering. Nos preocupa que después de haber firmado el contrato, donde el papel lo soporta todo, quieran optimizar dicha oferta tras ese aumento tan grande que han sufrido las materia primas y repercutir también esa pequeña subida del salario mínimo de los profesionales que trabajan en el servicio. Llevamos mucho tiempo encima de este tema y no somos capaces de controlarlo.

—¿Cuántos comedores gestionan los colectivos de padres?

—En total son ocho servicios de comidas a mediodía los que están bajo control de nuestros colectivos; de ellos, la federación gestiona directamente dos y el resto lo hacen desde cada asociación. En cuanto a los desayunos del servicio de Atención Temprana, en Ourense ciudad las AMPA gestionan seis y la federación cinco; y en el rural las asociaciones tres y otros tres la FAPA, más otros tres que comenzaremos a gestionar Valdeorras. Nosotros hemos aumentado menos de la mitad el precio de lo que lo han subido los de gestión indirecta, a pesar del retraso en las subvenciones. La Administración autonómica aún no ha sacado la convocatoria del curso pasado, y la local aún no firmó el convenio con nosotros del curso pasado. Esto todo nos obliga a adelantar fondos propios, pero nuestro objetivo sigue adelante, que es servir la mejor materia prima y variada a todos los usuarios y darles el mejor servicio y educación en esta asignatura más que es la alimentación saludable

—¿Qué otros frentes hay abiertos?

—Consideramos que el cambio de manuales es totalmente innecesario, más allá del interés económico de las editoriales. Las materias troncales no creo que hayan tenido muchas modificaciones ni cambios importantes, por lo que consideramos que deberíamos poder mantener los manuales actuales. Además, deberíamos de tener un sistema de compensación de libros a nivel autonómico para poder intercambiar entre nuestras provincias de forma que pudiéramos cubrir el exceso con el defecto. Las provincias donde haya subido la demanda de libros en algún ciclo en concreto podría abastecerse con la provincia donde ha bajado. Estamos convencidos de tener un colectivo docente suficientemente preparado para poder desarrollar los currículos con cualquier manual e incluso de diferente editorial. A las familias solo les supondría desembolsar unos pequeños céntimos para sufragar el coste de las fotocopias de los temas que hayan variado sustancialmente. También nos sigue preocupando la retirada de los exámenes de septiembre sin haber confeccionado un plan de ayuda al alumnado con más dificultades para promocionar, para que pueda tener una recuperación con apoyo académico en los propios centros antes de finales de julio. Así se lo habíamos propuesto a la Consellería de Educación. No creo que un alumno que no haya superado una nota mínima en 10 meses de curso lo vaya a hacer en 15 días de junio.

«Se cuenta muy poco con las familias a la hora de tomar decisiones»

Ourense arrancará un nuevo curso con cuatro aulas y siete profesores menos. El descenso en picado de la natalidad justifica oficialmente esas reducciones, pero desde la federación ourensana de asociaciones de padres creen que se está desaprovechando la ocasión para mejorar la calidad de la enseñanza. «Después de haber comprobado que los mejores resultados académicos han sido con el desdoble de aulas y la reducción de ratios con motivo de la pandemia, ahora volvemos para atrás, despidiendo profesorado, reduciendo los refuerzos académicos para el alumnado, etcétera», lamenta José Antonio Álvarez. El presidente de la federación también mira con prevención «a los profundos cambios en el currículo, organización y objetivos que marca la Ley Celaá para algunos cursos».

Opina que la filosofía de una enseñanza menos memorística y más competencial que plantea la nueva ley necesita recursos para desarrollarse. «Todos sabemos que para llevar a cabo esos métodos necesitamos trabajar más con proyectos y eso requiere de refuerzo docente y preparación de los maestros para ello», asegura. Álvarez Caride apunta que ni la federación ni las asociaciones de padres «estamos aquí para dar la chapa; estamos para apoyar, sumar en todo lo que la comunidad educativa necesite ya que este es un barco que tenemos que llevar a buen puerto entre todos; y las administraciones lo saben perfectamente». «El problema es que la Administración cuenta muy poco con las familias para la toma de decisiones y es a las familias a quien más les afectan algunas decisiones que se toman de manera unilateral. Queremos una ley educativa consensuada, que no política. Será lo único que nos ayude y no estar cambiando cada vez que gana un color u otro», concluye.

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