Se negó a identificarse ante la Guardia Civil de Ourense por ser de la República Errante  Menda Lerenda

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil Santi M. Amil

La jueza de Bande ve en su conducta un posible delito de desobediencia y pide juzgarlo

22 jun 2022 . Actualizado a las 14:38 h.

La República Errante Menda Lerenda se fundó en 1999. Según informa en su página web, ese año «fue la semilla fundadora que promulgó el principio de soberanía individual» y desde entonces «han ido brotando sus vástagos progresivamente, cada vez mas diversos y numerosos con los mismos principios». Cualquiera que desee promulgar su independencia puede conseguir, previo pago, una documentación que acredite ser uno de esos «vástagos», pero lo cierto es que esos papeles carecen de legitimidad cuando se traspasa la barrera del propio domicilio.

Y por ello la magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción de Bande ve motivos para juzgar por desobediencia a un vecino de Muíños que, ante la Guardia Civil, mostró un pasaporte y un permiso de conducir de este territorio en el que, según promulgan, cada uno tiene sus propias leyes.

Se remonta el episodio al 14 de septiembre del 2021. Ese día funcionarios del instituto armado realizaban un control en la OU-540 cuando le dieron el alto a un Seat Ibiza. Le pidieron al conductor que se identificase, pero este dijo enseguida ser de un cuerpo diplomático. De hecho explicó que su turismo pertenecía a la embajada y que él «era soberano del país de Remel».

Se negó a identificarse en varias ocasiones, si bien ante la insistencia de los agentes les dijo que tenía la documentación en su casa, en Mugueimes, por lo que les pidió que lo acompañaran. Pero ni así. Cuando llegaron a la vivienda del individuo este se metió dentro y, desde allí, se asomó por una ventana y les entregó a los guardias un pasaporte y un permiso de conducir, ambos de la República Errante de Menda Lerenda. Se le informó de que aquellos papeles no tenían validez, pero se mantuvo en sus trece alegando que «no reconocía a España ni a las normas de su país», y recordando además a los agentes la inviolabilidad del domicilio que le asistía.

Efectivamente, los agentes no podían traspasar la puerta de la casa de este individuo, pero sí rellenar un atestado que enviaron al juzgado, donde se abrió una investigación de la que el denunciado, en un primer momento, nada quiso saber. No fue a declarar cuando lo citaron por lo que la jueza mandó detenerlo para que acudiera, pero se acogió a su derecho a guardar silencio.

Ahora la togada ve motivos para sentarlo en el banquillo de acusados de un juzgado de lo penal. «De las diligencias de investigación practicadas se considera que los hechos objeto del presente procedimiento constituyen, por ahora, un delito de desobediencia», recoge el auto de la magistrada, sobre el que ahora deben pronunciarse las otras partes personadas. Este delito prevé penas de prisión de tres meses a un año o multas.