El presidente del Monterrei: «Los jugadores extranjeros le costaron dinero al club, no tuvo más ingresos»
OURENSE
El fiscal mantiene la petición de un año de prisión porque supuestamente el directivo y un abogado favorecían la inmigración ilegal de futbolistas
10 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El fiscal mantiene su acusación de que el abogado Alberto G. Atanes y el presidente del Monterrei CF, Feliciano Romero, cometieron un delito de tráfico ilegal de personas, favoreciendo con presunto ánimo de lucro la permanencia en España de futbolistas que habían entrado con visado de turista. Los encausados en este proceso que arrancó en el 2018 con la denuncia de un futbolista mexicano negaron haber traído a los jugadores, sino que se lo atribuyen a Carlos Mardones, un ex guardameta que actuaba como representante y que se encuentra fugado. Atanes afirmó que solo el denunciante se quedó en España más allá de los 90 días permitidos con el visado de turista.
Los demás jugadores se fueron antes. El abogado suscribió con tres futbolistas un contrato de representación que, según declaró, solo tendría valor si algún club se interesaba por ellos una vez estuvieran fuera del país. Asegura que solo un jugador senegalés usó ese documento para fichar por el Vila Real portugués, pero el acusado negó haber cobrado nada por esa operación. En su extenso informe final afirmó que lleva cuatro años procesado «por la mala gestión de la policía de fronteras y de extranjería, de la Federación Gallega de Fútbol y del Concello de Monterrei».
La imputación contra Feliciano Romero, como presidente del club, tenía entre sus argumentos que él fue quien solicitó su empadronamiento en Albarellos, requisito que pedía la federación para hacerles ficha pero desconocía que sirviese para obtener el NIE, según declaró. El presidente dijo que solo se había visto una vez con Mardones, que el acuerdo con Atanes se limitaba a que ayudaría a la manutención de los jugadores y que el club nunca se benefició ni económica ni deportivamente de la estancia de esos futbolistas. Al contrario, dijo que le costó dinero. Admitió que contactó con Cruz Roja y Cáritas y otros colaboradores para la alimentación de los jugadores. Añadió que pagó un tratamiento de fisioterapia al denunciante cuando se lesionó. El empadronamiento en una casa en Albarellos evidenció la distancia entre ambos procesados. El presidente del Monterrei dijo que estaba autorizado por el otro coacusado y este lo negó.
Su defensor recordó que hay un único denunciante, el ex jugador mexicano, reprochó al fiscal que especulase acerca del ánimo de lucro de los acusados y niega que se sostenga el delito de organización criminal que mantiene la acusación particular, que pide 60.000 euros de indemnización. Las defensas piden la absolución.