Un jurado de Ourense ve culpables a los dos acusados de matar a un parricida por dinero
OURENSE
Los ciudadanos creen que ambos planearon y ejecutaron el crimen del recluso y luego le robaron 22.490 euros
05 nov 2022 . Actualizado a las 16:26 h.Culpables de asesinato y estafa. El tribunal del jurado que desde este miércoles estaba incomunicado en la Audiencia Provincial de Ourense para deliberar sobre el crimen de un parricida leyó su veredicto a última hora de la mañana del jueves. Los ciudadanos han visto probado que Óscar González López y Francisco Javier Hermida González se pusieron de acuerdo para acabar con la vida de un recluso al que habían conocido en la prisión de Pereiro de Aguiar, tras enterarse de que había cobrado una herencia de su madre.
Los jurados tienen en cuenta que hubo un primer intento fallido de acabar con el recluso, condenado en 1996 por haber matado a su mujer e hijos en Las Palmas de Gran Canarias, y dan por buenas las conclusiones que expusieron en la vista los investigadores del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. A Fernando Iglesias Espiño, de 63 años, lo mataron el 11 de agosto del 2018 en una granja de Maside que explotaba Hermida y a la que la víctima solía acudir los fines de semana en los que salía de permiso. Tras golpearlo de forma brutal con una barra de hierro en la cabeza y matarlo, sostiene el jurado, los acusados trasladaron su cadáver envuelto en bolsas de plástico negras atadas con cinta aislante hasta una finca de Piñor propiedad de una tía de Hermida. Allí lo enterraron en una mina de agua en la que fue localizado cuatro meses después.
Eso sí, en las votaciones hubo alguna discrepancia, ya que uno de los ciudadanos no veía probado que Hermida hubiese planificado y ejecutado el crimen. En el caso de Óscar, dos de los jurados tampoco votaron a favor de condenarlo por los delitos que se le imputaban.
Pese a todo, la convicción del resto ha sido suficiente para un veredicto de culpabilidad que afecta al asesinato, pero también a la estafa, al considerase probado que ambos acusados se gastaron entre aquel mismo 11 de agosto y los días posteriores todo el dinero de la cuenta del recluso. «Tras ocasionarle la muerte, los acusados se apropiaron de sus tarjetas de débito y de prepago mediante las cuales, y a través de la plataforma electrónica Hall Cash y de retiradas de efectivo en diversos cajeros, efectuaron entre los días 11 y 24 de agosto sustracciones de dinero hasta alcanzar un total de 22.490 euros», recoge uno de los hechos que el tribunal consideró probado. El jurado popular tuvo en cuenta sobre este asunto no solo lo que declararon los agentes de la Guardia Civil, sino también las imágenes de varios bancos en los que aparece al menos un acusado y unas huellas localizadas en unas tarjetas, que las defensas ponen en duda.
Pero una prueba clave para lograr este veredicto ha sido, así lo explicó la representante del tribunal, la geolocalización de los teléfonos móviles de los acusados. Uno de los investigadores explicó en el segundo día de juicio, con pizarra incluida, que aquel 11 de agosto se captaron en la granja los dispositivos tanto de los acusados como de la víctima, detectándose más tarde como los aparatos de Óscar y Javier se desplazaban hasta Piñor. Ese mismo día, ya por la tarde, se les detectó de nuevo en Vigo, donde comenzaron las retiradas de dinero del muerto, y en los días posteriores en lugares en los que también se hicieron retiradas del efectivo de Espiño. Y aunque los acusados trataron de explicar que hubieran estado en esos lugares, para la fiscala eran «demasiadas coincidencias» que ahora tampoco le cuadran al jurado.
Por mayoría consideraron probado también los ciudadanos, ocho mujeres y un hombre, que el hallazgo del cadáver de Espiño, al que en los primeros días se consideró un preso fugado, se produjo gracias a la colaboración de Óscar. «Facilitó de manera voluntaria su localización a los agentes policiales actuantes», constatan, sin creerse que, tal y como este acusado aseguró, supiera el lugar del enterramiento sin haber estado allí. Aunque ninguno de los imputados ha admitido el crimen, este tribunal ha visto pruebas de que ellos lo planearon y ejecutaron. Y todo por 22.490 euros.
Las defensas piden penas mínimas y anuncian que presentaran recurso al TSXG
Donde termina la labor del jurado, que tras hacer público su veredicto quedó disuelto, empieza la del magistrado. Con las conclusiones del tribunal en la mano, el juez Manuel Cid Manzano tendrá ahora que fijar la pena que los acusados deberán cumplir por los delitos de estafa y asesinato de los que han sido declarados culpables. Escuchó el togado antes de levantar la sesión las peticiones tanto de la fiscala como de las dos defensas, que implican sustanciales diferencias.
Así, la representante del ministerio público se mantuvo en lo que ya interesaba en su escrito de calificación, y que supone 22 años de prisión para Francisco Javier Hermida, 20 por el asesinato y dos más por la estafa. Dado que Óscar ya fue condenado en el pasado por estafa, cumplía condena por ese delito cuando conoció a su víctima, solicita para él tres años por este cargo y otros 20 por el delito de sangre.
Las defensas reclaman medidas mucho más livianas. La abogada de Hermida cree que 15 años de cárcel son reproche penal suficiente para su cliente por el asesinato y considera que por la estafa se le deben imponer seis meses más. El letrado de Óscar, por su parte, pide al magistrado que tenga en cuenta que su patrocinado colaboró en la resolución del caso e interesa siete años y medio de cárcel por el delito más grave. En cuanto al otro cargo, coincide con su compañera.
Eso sí, los jurados se oponen a cualquier tipo de suspensión de pena o indulto. Quieren que los acusados cumplan el tiempo de privación de libertad que ahora establezca el magistrado. Pase lo que pase, los abogados defensores ya anuncian recurso al TSXG.