La Audiencia Nacional valida la sanción al exfiscal jefe de Ourense y dice que abusó de su «cargo y condición»

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

OURENSE

MIGUEL VILLAR

El alto tribunal rechaza el recurso de Florentino Delgado contra el castigo que se le impuso por no abandonar su vivienda y querellarse contra la funcionaria que firmó el desahucio

14 feb 2022 . Actualizado a las 20:11 h.

La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción que impuso la Fiscalía General del Estado al exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por no haber abandonado la vivienda que ocupó en la capital y haberse querellado contra la funcionaria que firmó el desahucio. «Su actuación era consciente y clara en el prevalimiento y abuso de su cargo y condición», reprochan los magistrados del alto tribunal, que en una durísima sentencia echan por tierra todos los argumentos reflejados en el recurso de Delgado contra una decisión que, antes de pasar por este organismo, ya había sido validada por el Ministerio de Justicia.

El origen de todo, la persistencia del exfiscal jefe en no abandonar la casa que ocupaba desde su llegada a la capital ourensana, en el año 2004. En un primer momento la Xunta acordó hacerse cargo del alquiler y los gastos del piso, situado en pleno centro de la ciudad, pero esa decisión quedó revocada tres años después. En el 2007 se le envió a Delgado el primer requerimiento para que «cesara en el uso de la vivienda y entregara las llaves», si bien el alto cargo los desoyó, prolongándose la situación «durante una década». Los magistrados critican que actuara de este modo. «El recurrente se reivindica, una y otra vez, en el derecho a mantenerse en el uso y disfrute de la vivienda, alegando su subjetiva condición de fiscal jefe y contestando a la administración en tonos amenazantes y conminatorios», reprochan los togados, que dejan claro que «no hay ningún precepto legal o reglamento que determine que a la condición de fiscal jefe se anuda el derecho de vivienda y gastos por cuenta de una administración». Así las cosas, entienden que cuando la prebenda de la que disfrutaba Delgado decayó por las «exigencias de austeridad presupuestaria», este, en lugar de acatar la nueva situación, «forzó a la administración autonómica a continuar en la situación de arrendadora».

Por todo ello ratifican la sanción por «falta grave de abuso de su condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales», que tiene como consecuencia un año de suspensión de empleo y sueldo. Además, la sentencia de la Audiencia Nacional valida también la segunda acusación que se vertía contra Delgado, en este caso por haber emprendido acciones penales contra la funcionaria de la Xunta que había firmado su desahucio. Esa conducta, calificada como «inobservancia del deber de abstención por enemistad manifiesta en un procedimiento», le reporta otra inhabilitación de seis meses

Y es que tras analizar el caso, los togados ven probado que Delgado se extralimitó cuando, después de haber recibido la orden de dejar el piso, se querelló contra la empleada pública que había firmado aquella resolución, imputándole un presunto acoso inmobiliario a una nonagenaria. Ese caso tiempo después fue archivado. «El recurrente actuó fuera de lo habitual en sus funciones y saltándose el reparto de asuntos establecido, pese al claro conflicto de intereses que le afectaba, y dirigiéndolas personalmente en el interés de mantenerse en el uso de la vivienda», critican los magistrados de la Audiencia Nacional, que creen que las dudas sobre la imparcialidad de Florentino Delgado «están objetiva y subjetivamente justificadas».

Al exfiscal jefe, que tras ser cesado en mayo del 2019 se trasladó a Madrid, le queda la opción de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Antes de la sanción que ahora ha confirmado la Audiencia Nacional, ya se le había impuesto otra. Así, se acordó una suspensión de diez meses como responsable de cuatro faltas, dos de ellas muy graves. Aquello era el resultado de la conducta mantenida por Delgado en la tramitación de la causa judicial contra Manuel Cabezas, exalcalde de Ourense.