Arranca en Ourense el año judicial con el caso del 10 %, denunciado en el 2014
OURENSE
La agenda del mes de enero llega cargada de señalamientos, que incluyen también un juicio con jurado por el asesinato de un preso
10 ene 2022 . Actualizado a las 15:50 h.El año judicial que la próxima semana arranca en las distintas salas de la provincia de Ourense llega especialmente intenso. Tras el parón de señalamientos durante las fechas navideñas, a partir del 10 de enero está prevista una intensa agenda en la que se concentrarán algunos asuntos de gran trascendencia no solo social, sino también política.
Así, ocho años después de que comenzara a investigarse en los tribunales ourensanos la presunta implicación del exalcalde de la capital por el PP, Manuel Cabezas Enríquez, y su concejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, en delitos de malversación y prevaricación, el asunto llega por fin a juicio. El 17 de enero, si no hay imprevistos, arrancará la vista del conocido como caso del 10 %, en el que se deberá aclarar si ambos cargos públicos, que ya llevan muchos años apartados de la vida política, incurrieron en ilegalidades al no exigir ese porcentaje del suelo a promotores que entre los años 1997 y 2002 realizaron proyectos urbanísticos en la ciudad.
El caso atesora un largo y enrevesado recorrido judicial no exento de consecuencias. La primera denuncia la interpuso la entonces edila socialista Áurea Soto hace ocho años, pero el magistrado que lo instruyó en un primer momento y lo archivó, Leonardo Álvarez, optó por apartarse del caso después de que la Audiencia provincial ordenase reabrirlo y tras ser denunciado por la concejala. La queja, de todos modos, no prosperó.
Los efectos más severos fueron, con todo, para el exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que fue suspendido durante diez meses por faltas graves y muy graves cometidas después de que los letrados de Soto denunciasen retrasos injustificados por su parte en la tramitación de este caso. Tras el cese de Delgado, que siempre se había alineado con las tesis de la defensa, el asunto pasó a la fiscala Carmen Eiró, que cambió la postura que su departamento había mantenido en este asunto. Ahora tanto la acusación pública como la popular, en la que se mantiene Soto, piden siete años de cárcel para los dos imputados, exigiendo además multas millonarias y penas de inhabilitación.
Otra de las particularidades de este intrincado asunto es que no será el tribunal de la propia sección segunda el que presida la vista. Cabezas recusó a los tres jueces que habían sido designados para el juicio por considerar que estaban «contaminados» y el TSXG atendió a sus argumentos. Quedaron fuera de juego entonces tres de los togados de la sala penal, y poco después los otros dos que la integran también se apartaron, lo que motivó que hubiese que buscar en la sección primera, la civil. Presidirá el tribunal, finalmente, el juez Ricardo Pailos, junto a las magistradas María José Movilla y Pilar Domínguez Comesaña. Se ha reservado una semana para las sesiones.
El criminal asesinado
Quince días después, el 31 de enero, arrancará en esa misma sala el juicio por el crimen de Fernando Iglesias Espiño, un hombre condenado por matar a su mujer y sus dos hijas que, cosas del destino, acabó siendo él mismo asesinado. De este terrible final están acusados Óscar G. L. y Francisco Javier G. H., dos hombres que conocieron a Espiño en la cárcel y que, según se cree, se pusieron de acuerdo para matarlo cuando se enteraron de que había cobrado una herencia. La tesis de la acusación sostiene que acabaron con la vida del recluso, que tenía 63 años y era natural de Pontevedra, en una granja de Maside a la que Espiño acudía los fines de semana de permiso para echar una mano a los que consideraba sus amigos. Tras un golpe mortal, lo trasladaron hasta Piñor y lo enterraron en una mina de agua. El cuerpo apareció, por indicaciones de uno de ellos, en diciembre del 2018, aunque el crimen habría ocurrido el 11 de agosto. A Espiño le robaron las tarjetas de crédito y con ellas sacaron los acusados en diferentes sucursales bancarias de Galicia, Castilla y León y Portugal los 22.490 euros de la herencia del difunto en poco más de una semana. Ahora podría caerles por todo ello una condena de hasta 25 años de cárcel a cada uno.
Al banquillo siete acusados por una de las mayores redadas antidroga de Ourense
Las sospechas de que en la capital ourensana estaba activa una banda de traficantes de cocaína y hachís que podrían estar moviendo importantes cantidades llevó en febrero del 2018 a poner en marcha una investigación policial que meses después se saldó con una de las mayores redadas antidroga realizadas en la capital, que permitió evitar la llegada al mercado de más de treinta kilos de hachís, entre otras sustancias.
El próximo martes, casi tres años después, tendrán que comparecer en la Audiencia provincial los siete presuntos integrantes de la banda. La Fiscalía ve indicios de que incurrieron en delitos contra la salud pública, tenencia de armas de fuego y pertenencia a grupo criminal. La pena más alta, de 7,4 años de cárcel, es la que pide para el presunto cabecilla, Mourad E. A., arrestado de nuevo en el año 2020 por formar parte de otra red de asaltos a dueños de coches. El resto se enfrentan a penas nunca inferiores a cuatro años y medio de cárcel.
Asuntos largos y complejos llegan también este año a los juzgados penales, algunos este mismo mes. Así, el 12 dará comienzo el juicio contra dos cazadores acusados de matar a un tercero durante una batida de jabalí desarrollada en San Xoán de Río el 19 de enero del 2020. La Fiscalía cree que dispararon en una zona prohibida y pide para ellos penas de dos años de cárcel.