La Diputación externalizará la recogida de basura que presta a casi 110.000 vecinos de Ourense

Rubén Nóvoa Pérez
rubén nóvoa OURENSE / LA VOZ

OURENSE

José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense
José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense MIGUEL VILLAR

El PP destaca que el servicio será ejemplar y más eficiente y la oposición cree que la privatización «salvaxe» lo empeorará

18 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El último pleno del año en la Diputación de Ourense sirvió para dar luz verde, con los votos favorables de PP, DO y la edila no adscrita Montse Lama, a la externalización del servicio de recogida de basura que la institución presta en la actualidad a 55 municipios de la provincia ourensana. PSOE y BNG se opusieron a este cambio de modelo que afectará a casi 110.000 vecinos; es decir un tercio de la población global.

El debate de la propuesta estuvo marcado por la polémica y el fuego cruzado entre gobierno y oposición. El diputado del PP, Pablo Pérez, defendió que la externalización del servicio servirá para que se adapte a las exigencias actuales. «Será un servizo do século XXI con grandes melloras tecnolóxicas, máis eficiente e eficaz», señaló. En su intervención, el portavoz del grupo de gobierno destacó que en una reunión con los alcaldes implicados, 40 de ellos se mostraron a favor del cambio y que solo hubo seis abstenciones y un voto en contra. «Vai ser un prego esixente e o servizo vai mellorar. Será exemplar en toda Galicia», indicó.

Entre las ventajas que el PP entiende que aportará este nuevo modelo de gestión indirecta, Pablo Pérez apuntó a la capacidad de las empresas especializadas en adquirir maquinaria más moderna y a la posible baja que se producirá en el concurso por el régimen de competencia. «Quen queira ten a liberdade de deixar de delegar esta competencia», concluyó.

El PSOE ya había avanzado el día anterior su rechazo a esta decisión, en un acto con diferentes alcaldes afectados. Ignacio Gómez, diputado del PSOE, justificó en el pleno la postura de su partido ante lo que calificó de una «privatización salvaxe». Gómez aseguró que «vai ser un servizo máis caro e peor para os cidadáns». El diputado socialista aseguró: «Vanse recortar contedores nas aldeas ou reducir as recollidas e o persoal, é evidente que vai ser un servizo máis caro, peor prestado e controlado por unha empresa privada». También censuró que todavía no se había trasladado la decisión de externalizar la recogida de basura a los ochenta empleados del ente provincial que están adscritos a este servicio.

El BNG también votó en contra. Su representante, Bernardo Varela, destacó que se trataba de un servicio que estaba muy bien valorado por los vecinos y por los ayuntamientos que lo recibían, y calificó de «chocante» que no sea capaz la institución provincial de mantener este modelo: «Teño moitas dúbidas de que vaia ser máis eficiente unha vez que se entrega a mans privadas. Considero que non é unha decisión óptima».

Los enfermos crónicos

La decisión de la Diputación de Ourense de asumir el pago de los bonos mensuales del párking del hospital de Ourense a 36 enfermos crónicos de la Asociación Española contra el Cáncer no acabó de convencer a la oposición. El PSOE fue el grupo que lanzó la propuesta hace once meses, pero no quedó satisfecho con las negociaciones lideradas por el vicepresidente provincial, Rosendo Fernández. «É unha medida insuficiente porque deixa fora a moita xente. Dáse unha cobertura mínima e restrinxida por unha tramitación pésima», señaló el diputado socialista, Rafael Rodríguez Villarino.

El popular Rosendo Fernández se defendió de las críticas y acusó al político socialista de querer «facer política cun tema tan sensible». Justificó la decisión de que el bono fuera «gratis total» para los enfermos que lleguen a través de la AECC porque así fue el mandato plenario. En la sesión también se dio luz verde por unanimidad a una propuesta del PSOE para solicitar a la Real Academia Galega para dedicar el Día das Letras Galegas del año 2023 a Antón Tovar Bobillo.

Por otro lado, se rechazó una moción del BNG en la que pedía medidas al Gobierno centra para acabar con los abusos que sufre el sector primario de Galicia ante los grandes intermediarios del sector.