El gerente y el artillero de la instalación aceptan 21 meses de prisión y una multa, además de quedar inhabilitados para su trabajo
21 jun 2021 . Actualizado a las 17:13 h.Tras los atentados del 11-M en los que fallecieron 193 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas, el control sobre los explosivos custodiados en las canteras se endureció. Después de que se descubriera que la dinamita utilizada para provocar las explosiones en los trenes había sido robada por los terroristas, sin levantar sospechas, meses antes de las bombas, las autoridades reforzaron los controles en este tipo de instalaciones, al tiempo que se incrementaron las penas para quienes no tuvieran un control estricto sobre este tipo de materiales.
En ese escenario, el 26 de febrero del 2018 los agentes del equipo de intervención de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense realizaron una inspección ordinaria en una cantera situada en la localidad de Tameirón, en el municipio de A Gudiña. Tras una hora de registros, los funcionarios del instituto armado localizaron ocultos en un pequeño habitáculo, en el interior de una escombrera, varios bidones y tarros que contenían material explosivo, así como un cartucho de dinamita que no tenía detonador. Los agentes requisaron los materiales sospechosos, descubriéndose que se trataba de 3,5 kilos de pólvora negra, 18 metros de cordón detonante y 525 gramos de dinamita goma 2 ECO.
Las evidencias fueron suficientes para imputar al gerente de la cantera y al artillero de la instalación en un delito de riesgo provocado por explosivos. Fueron citados para un juicio ante la magistrada del Juzgado Penal 1 de la capital ourensana. Eso sí, la vista apenas duró unos segundos ya que previamente las partes ya habían negociado un acuerdo de conformidad, que simplemente había que ratificar. De esta forma, los dos acusados admitieron que «habían manipulado y ocultado» los explosivos, «sin adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que la explosión del material pudiera causar una situación de grave riesgo para la vida o integridad física de los trabajadores y usuarios de la cantera».
Por esa conducta se les impone a cada uno de ellos una condena de 21 meses de prisión, además de una multa de 18 meses, a razón de seis euros cada día. Los términos de la condena establecen además que ni el gerente de la cantera ni el artillero puedan custodiar o manejar material explosivo durante seis años. Fiscala y jueza accedieron a que se les suspenda la condena, para que no vayan a prisión si no delinquen en los próximos dos años.