A juicio con siete acusados una de las mayores redadas antidroga de Ourense

Las sospechas de que en la capital ourensana estaba activa una banda de traficantes de cocaína y hachís que podrían estar moviendo importantes cantidades llevó en febrero del 2018 a poner en marcha una investigación policial que meses después se saldó con una de las mayores redadas antidroga realizadas en la capital, que permitió evitar la llegada al mercado de más de treinta kilos de hachís, entre otras sustancias. No es todo; fruto de las escuchas practicadas en esta operación, salieron a la luz acciones delictivas que se estaban desarrollando en Cádiz y que llevaron al arresto allí tiempo después de diecisiete personas, trasladadas luego hasta Ourense para prestar declaración ante el juez.

Todo gracias al ingente trabajo desarrollado por la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Ourense, Edoa, y el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional, quienes coordinados desde la Fiscalía antidroga de la capital y el Juzgado de Instrucción 2 pusieron el marcha el ambicioso dispositivo el 27 de febrero. Se intervinieron teléfonos y se hicieron seguimientos que permitieron constatar la existencia de un grupo de personas que, «de manera estable» se dedicaba al narcotráfico, situando como cabecilla de la banda a Mourad E. A., un hombre de origen marroquí en situación irregular. Según recoge el escrito de acusación del caso, que será juzgado en la Audiencia provincial, «era una de las personas encargadas de conseguir las sustancias estupefacientes en Marruecos y el sur de la península», para lo cual se desplazaba con regularidad hasta Algeciras, donde «adquiría grandes partidas de hachís» que luego transportaba hasta la ciudad de As Burgas.

Como colaboradora directa de Mourad saltó enseguida el nombre de Susana V. R., a la que las indagaciones situaron como «conocedora de las actividades ilícitas», ayudando además en las transacciones diarias de droga. Según se sospecha, llegó esta acusada a ceder una vivienda de su familia para guardar armas y estupefacientes, convirtiéndola en un almacén de la banda. Las escuchas permitieron también señalar a Tania Q. P. y Sonia A. A., quienes colaborarían en la venta al por menor apoyadas por Boutahar O., que solía también bajar a Algeciras para conseguir la mercancía ilegal, llegando en ocasiones a cruzar el estrecho para comprarla.

Droga oculta en caletas

Tras cuatro meses de averiguaciones, que conllevaron desplazamientos al sur del país por parte de los agentes involucrados en la operación, el primer éxito llegó el 6 de junio. Los agentes sabían que Mourad regresaba de un viaje y le dieron el alto a primera hora de la mañana en el kilómetro 296 de la autovía A-66, en la provincia de Zamora. Sospechaban que acababa de adquirir un cargamento de droga y tras un registro minucioso de su Seat León, localizaron dentro de la guantera una caleta con ocho botellas de plástico. En su interior había 8,7 kilos de resina de cannabis, que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 48.2018 euros.

Pero la banda tenía contactos y, según se comprobó, atendía «pedidos» de clientes. Uno de ellos sería Martín P. P., quien en mayo de ese año habría encargado a Boutahar nada menos que 25 kilos de hachís. Supieron los investigadores que el viaje a Andalucía para conseguir la droga se haría el 22 de junio y que dos colaboradores más se iban a implicar, Ahmed K. y Alberto G. C., considerado este último hombre de confianza de Martín. Sus planes se vieron frustrados por los agentes, que interceptaron el coche en que se transportaba la droga en Puebla de la Cazalla, Sevilla, y que conducía Alberto. Bajo el salpicadero se localizó la caleta, con los 25.996 gramos de cannabis, algo más de lo encargado, y con un valor de 148.177 euros. Ese mismo día se arrestó, en Vigo a Martín P. P. También cayeron Ahmed y Boutahar, que circulaban en un coche lanzadera que, visto lo visto, no cumplió su propósito.

La Fiscalía pide penas de más de 40 años de cárcel y multas superiores al millón de euros

Graves son los hechos que se imputan a los siete implicados en esta trama de narcotráfico y graves también las penas de cárcel y responsabilidades civiles que reclama la Fiscalía de Ourense, que ve indicios de que los acusados habrían incurrido en delitos contra la salud pública, tenencia de armas de fuego y pertenencia a grupo criminal. La pena más alta, de 7,4 años de cárcel, es la que pide para el presunto cabecilla, Mourad E. A., arrestado de nuevo este año por formar parte de otra red de asaltos a dueños de coches. El resto se enfrentan a penas en ningún caso inferiores a cuatro años y medio de cárcel.

Las multas que se interesan en este caso superan, en total, el millón de euros. Para los acusados en situación irregular en España se exige que, además, que en caso de condena sean expulsados del país.

Respecto al resto de arrestados, los que fueron detenidos meses después en Algeciras a raíz de esta operación y luego trasladados en autobuses de la Guardia Civil hasta Ourense, se ha acordado que sean juzgados en la ciudad andaluza.

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