El juicio contra el exlíder socialista completa la primera de sus tres semanas de duración
02 dic 2020 . Actualizado a las 15:33 h.¿A quién se acusa?
Son cinco, todos con alguna responsabilidad política en la corporación de O Carballiño entre 1995 y 2011, con el PSOE al frente. Se trata de Pachi Vázquez, alcalde entre junio de 1995 y agosto del 2005; Carlos Alberto Montes Marqués, su sucesor en el cargo hasta el 11 de junio de 2011; Alfonso Prado Rodríguez, concejal de personal entre junio de 1995 y junio del 2007; José Antonio Barge Gil, edil de personal desde junio del 2007 hasta junio del 2011 y María Elisa Domínguez Vidal, edil de asuntos sociales entre mayo del 2005 y junio del 2007, y alcaldesa en funciones entre junio y agosto del 2005.
¿Qué delito se les imputa?
Prevaricación continuada. La Fiscalía de Ourense sostiene que los acusados «suscribieron en sus respectivos períodos de mandato sucesivo un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada, respecto de 60 trabajadores» y considera que esos contratos fueron realizados «con ausencia total del procedimiento existente a tal fin, sin atender a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública».
¿Qué condena se pide?
En todos los casos se interesa pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para Pachi Vázquez -el único que sigue en activo en política, como edil en O Carballiño por la formación Espazo Común, que él mismo creó tras abandonar el PSOE- se reclaman diez años, mismo tiempo durante el cual, en caso de condena, no podrían ejercer en la política ni Alfonso Prado ni Carlos Alberto Montes. La inhabilitación que se solicita para José Antonio Barge sería de nueve años y para Elisa Domínguez de ocho años y nueve meses.
¿Qué alegan ellos?
Por el momento, no han prestado declaración, si bien durante todo el proceso de instrucción han negado haber cometido irregularidad alguna. Se preveía que testificaran el primer día del juicio, pero Víctor Moreno Catena, conocido jurista que representa a Pachi Vázquez, solicitó que se les permitiera hacerlo al terminar la prueba testifical, alegando que así no se distorsionaría el principio de presunción de inocencia. El resto de letrados se sumó a esta demanda y a pesar de la oposición de la representante del Ministerio Fiscal, Rosa Tallón, la magistrada Susana Pazos acordó posponer esa testifical. Se calcula, pues, que será en torno al 10 de diciembre cuando los acusados tengan la oportunidad de explicar cómo se realizaron aquellas incorporaciones de personal.
¿Qué contratos eran?
Para diversas tareas. Según lo que recoge el escrito de acusación, y lo que han contado los testigos que han declarado esta semana, en aquellos años el Concello contrató a todo tipo de personal. Trabajadoras de ayuda a domicilio, limpiadoras, técnicos de sonido, mecánicos, albañiles, conserjes, auxiliares de policía local, electricistas, matemáticos, monitores deportivos, peones de residuos sólidos urbanos, peones de limpieza, auxiliares de clínica, psicólogos, monitores de la oficina de turismo, educadores sociales, pintores, chóferes, peones de instalaciones deportivas, locutores, auxiliares administrativos, profesores de música o vigilantes nocturnos.
¿Qué dicen los testigos?
La primera en entrar a declarar fue la secretaria municipal, María Eugenia Pérez Antón, una de las principales testigos de cargo, pues en el año 2014 firmó un certificado en el que aseguraba que no se habían encontrado los expedientes de los 60 contratos En el juicio, no fue tran precisa. «No recuerdo» fue su respuesta más frecuente pero llegó a reconocer que «excepcionalmente» se respetaban los procedimientos legales en las contrataciones, asegurando que «en la gran mayoría no se respetaba» y asegurando que había advertido de ello verbalmente a los dos alcaldes cuestionados. Silvia Alonso, secretaria accidental entre 2000 y 2004, dio una versión opuesta, afirmando que se seguían los cauces legales en todos los contratos, muchos de los cuales estaban subvencionados por organismos públicos como la Xunta. En estos casos, la propia oferta recogía los pasos a seguir. Además, los presuntos enchufados han asegurado que pasaron por procesos de selección, entrando primero como temporales y, a los tres años, pasando a ser fijos.
¿Había o no expedientes?
Es la gran duda. Varios testigos han asegurado que los expedientes en los que se guardaban los documentos sobre cada proceso de contratación se guardaban en carpetas. Las defensas sostienen que existieron y que si no fueron encontradas por la secretaria en su día fue porque no se buscó en el lugar adecuado. Aquí entra en juego el caos que, según está quedando acreditado, había en el archivo desde 2010, cuando se jubiló el empleado que lo llevaba. Su sucesor, antes policía local, dijo que muchas cajas fueron trasladas a una nave de A Uceira.
El caso judicial contra el ex secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, y otros cuatro acusados, por los presuntos contratos a dedo en O Carballiño, cumple su primera semana. En tela de juicio está la contratación de 60 personas que en los años de gobierno socialista entraron a trabajar para el Concello, convirtiéndose la mayoría de ellos en indefinidos. Estas son algunas de las claves de la causa.