El Sergas pagará 164.000 euros por no haber tratado el cáncer a un paciente

Los médicos tardaron dos años en diagnosticar el mal, pese a que había evidencias previas


ourense / la voz

Existió una «mala praxis» en la atención médica de un paciente de 68 años que murió en 2018 en el Complexo Hospitalario de Ourense con un cáncer de vejiga que nunca le fue tratado. Así lo ha reconocido el propio Sergas en una resolución en la que da la razón a la familia del fallecido, que a raíz de lo ocurrido presentó una reclamación a través del Defensor del Paciente.

«Queda acreditado un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios e a súa conexión causal co falecemento», recoge la resolución, en la que se reconoce la existencia de una responsabilidad patrimonial del Servizo Galego de Saúde, que ahora deberá indemnizar a la viuda y los hijos de la víctima con la cantidad de 164.000 euros.

El caso, que llevó la abogada Emma Pallardó, de los servicios jurídicos del defensor del paciente, se remonta al año 2016. El paciente, que tenía antecedentes de carcinoma de vejiga, seguía controles periódicos en el servicio de urología del CHUO, donde se le realizaban citologías. En la que se le practicó entonces se informaba de un «positivo para malignidad», un resultado que se repitió en la prueba realizada al año siguiente, en el 2017. A pesar de estos resultados, en ninguna de las dos ocasiones el servicio correspondiente acordó la realización de pruebas complementarias, como tampoco se informó al paciente de ese resultado poco optimista, por lo que él siguió creyendo que todo marchaba bien.

Pero su estado de salud fue empeorando y a finales de diciembre del 2017 empezó a encontrarse mal, lo que motivó su ingreso en el servicio de urgencias del hospital ourensano. Se le diagnosticó un cólico renal y se le dio el alta, si bien el 1 de enero del 2018 tuvo que volver porque su salud no mejoraba, con dolores y 39 grados de fiebre. «Tras explorar al paciente, es diagnosticado de infección urinaria complicada», recoge la sentencia. El paciente fue entonces ingresado en urología, donde se le realizaron exploraciones complementarias. En una de ellas, una ecografía, se descubrió un engrosamiento de la vejiga, como también evidencias de lesiones que podrían apuntar a un «hígado metastásico», pero «nadie informó de este resultado al paciente» y, una vez más, no se ordenó la realización de otras pruebas que descartaran, o confirmaran, la existencia de esa metástasis. Es más, se le dio el alta el 15 de enero, indicándole al paciente que tomara analgésicos si tenía dolor y remitiéndolo a una consulta el 26 de enero.

 Ya era tarde

Ese día el médico que lo atendió sí se fijó en el resultado de la ecografía abdominal hecha semanas antes, acordando que se le hicieran nuevos exámenes. Su resultado motivó que, ya el 23 de febrero, el enfermo ingresara en la planta de oncología «presentando una situación clínica ya deplorable, con astenia y dolor generalizado, ascitis, fracaso renal y dificultades respiratorias». Era demasiado tarde para él. Ante este deterioro, se descartó ya el tratamiento oncológico. El sexagenario murió solo dos días después.

«Existiu unha mala praxe na asistencia sanitaria que se lle prestou ao paciente», recoge la resolución del Sergas, en la que se reconoce la cadena de errores que llevaron a un desenlace fatal. Esa mala actuación por parte del personal que lo atendió cuando se le realizaron ya las primeras pruebas que arrojaron resultados sospechosos y, más tarde, cuando ingresó en urgencias, «determinaron un manifesto atraso no diagnóstico da súa enfermidade tumoral, que no se produciu ata máis de dous anos e medio despois do primeiro achado suxestivo daquela e, ao tempo, un fatal prognóstico, sendo así que o paciente faleceu aos poucos días daquel diagnóstico sen a posibilidade xa do tratamiento oncológico correspondente», dice la notificación. Reconoce así la Consellería de Sanidade que «queda acreditado un deficiente funcionamento dos servizos sanitarios e a súa conexión causal co falecemento do paciente», admitiendo por tanto que la familia, que inició un proceso de reclamación a través del Defensor del Paciente, debe ser indemnizada, estableciendo 104.000 euros para la viuda y otros 20.000 para cada uno de los hijos del malogrado.

«Lo que buscamos no es dinero, sino que esto no vuelva a repetirse», dice un hijo del fallecido

La resolución de la Consellería de Sanidad reconociendo la mala actuación sanitaria que se realizó en este caso, ha sido bien recibida por los familiares del fallecido, que admiten que si presentaron la reclamación no fue buscando beneficios económicos, sino que la administración reconociera el fallo y se pusieran los medios para evitar casos similares. «Lo que nosotros queremos es que lo que le pasó a mi padre no vuelva a ocurrir», asegura José Carlos Piñeiro, hijo del fallecido.

Por su parte, Carmen Flores, presidenta de la asociación que presentó la reclamación ante la Consellería de Sanidade, asegura que «este retraso en el diagnóstico es absolutamente injustificable». La responsable del Defensor del Paciente recuerda que «las revisiones de control de este paciente resultaron inútiles si el médico asistencial que solicitó la correspondiente prueba de control, no revisó su resultado», y recuerda que «era su deber revisar el resultado e informar del mismo al paciente. Y nada puede justificar que no lo hiciera pues el resultado, desgraciadamente, fue fatal».

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