Caos político, caos urbanístico


En plena negociación para el reparto de concejalías y tráfico de asesores a sueldo, que puede fructificar en la censura del alcalde de Ourense, tiene interés preguntarse qué será de la revisión del plan de urbanismo si gobiernan conjuntamente partidos con posiciones tan enfrentadas acerca de su aprobación. El PP en solitario, y en Junta de Gobierno Local, aprobó provisionalmente el plan. El PSOE renegó de él por considerar completamente desvirtuado el documento inicial. Y el BNG, además de exigir transparencia en la tramitación, puso como condición para la aprobación definitiva la apertura de una segundo período de exposición pública. Como en política siempre pesa más el ansia de poder, solo nos queda por saber quién pagará antes con su coherencia el precio del sillón.

Son varias y muy poderosas, a mi juicio, las razones por las que no puede ser aprobado, en su versión actual, el nuevo PXOM. Ante todo, la tremenda incidencia que la actual crisis sanitaria tiene en la estimación de los ingresos y gastos de las administraciones públicas implicadas, y especialmente en los presupuestos del Ayuntamiento, derivada de la dramática situación económica que ya vivimos y se acentuará en los próximos meses, obliga a rehacer el estudio económico-financiero, sobre la base de previsiones razonables y prudentes. Pero hay otras de igual importancia.

En su día, el plan fue objeto de una exposición al público durante la que se presentaron multitud de alegaciones, ya resueltas por el equipo redactor. Pero con posterioridad a este trámite, y con total falta de transparencia, se han producido modificaciones en el contenido del documento, algunas en absoluto propiciadas por la estimación de tales alegaciones, ni por las exigencias de los informes sectoriales, y de suficiente importancia como para justificar la apertura de un nuevo trámite de información pública, más allá de la discutible cuestión de que sea legalmente obligado. El entonces concejal de Urbanismo decidió por su cuenta introducir variaciones significativas en el plan que afectan a la clasificación, calificación o edificabilidad de no pocos ámbitos, y lo hizo una vez culminado el trámite de información pública. Comparado con la versión que fue objeto de información pública, existen modificaciones como el aumento de la capacidad residencial del suelo urbanizable en 1.200 viviendas; o de la superficie de suelo de núcleo en casi cien hectáreas; o la introducción inmotivada de ámbitos de la anulada ordenación provisional, por citar solo algunos pocos ejemplos.

Por si ello no fuese suficiente, tales modificaciones ni siquiera tienen lugar por acuerdo del pleno, y de ahí el burdo recurso de la aprobación provisional en Junta de Gobierno Local.

Uno de los principios constitucionales por el que deben velar los poderes públicos es el de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que necesitan los operadores en el mercado inmobiliario, los promotores, los constructores, los agentes urbanizadores y, por supuesto, los propietarios y potenciales adquirentes del suelo o de viviendas. La seguridad jurídica obliga a la Administración a agotar la diligencia y a extremar todas las precauciones para eliminar el riesgo de posible anulación del plan de urbanismo por razones formales. En este sentido, la aprobación provisional del documento por la Junta de Gobierno Local, como en su día se hizo, es en mi opinión un auténtico disparate jurídico, y la decisión de no someter de nuevo el documento a una segunda exposición pública, una temeridad.

No se trata de entorpecer, ni de bloquear, sino de evitar que por el interés de unos pocos peligre la oportunidad de un desarrollo ordenado de Ourense en los próximos veinte años. La ciudad no se puede permitir la anulación, por tercera vez consecutiva, del instrumento de su planificación urbanística general, con todo lo que ello implica, especialmente los irreversibles efectos que causaría en una economía local cercana al abismo.

Antonio Feijoo Miranda es abogado

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