El Gobierno desliza que el ADIF tiró dos vagones al Sil porque ponían en riesgo la salud de los trabajadores

Sigue abierta la investigación para conocer qué pasó el 2 de agosto en Carballeda de Valdeorras

Uno de los vagones acabó en el río Sil
Uno de los vagones acabó en el río Sil

O Barco

El ADIF y el Ministerio de Transportes siguen investigando lo ocurrido el pasado 2 de agosto, cuando dos vagones de un tren que había descarrilado el 28 de julio apenas unos cientos de metros antes de entrar en la estación de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras) fueron tirados ladera abajo, cayendo uno en aguas del río Sil. Así lo aseguran desde el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita al Congreso por el diputado del BNG Néstor Rego. 

Según el escrito, ADIF está «analizando a fondo todas las acciones efectuadas durante la retirada del material descarrilado». Sin dar más explicaciones sobre en qué punto están las investigaciones y hacia dónde apuntan los resultados, deslizan un condicionante del que nadie había hablado hasta ahora: la seguridad de los trabajadores. «Se están documentando todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones, teniendo en cuenta que en las actuaciones de encarrilamiento ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podría verse comprometida por las condiciones de inestabilidad y por la situación en que se encontraba el material siniestrado», escriben desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Seguro de responsabilidad civil

El ADIF está a la espera de que la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contesten a las alegaciones hechas ante la propuesta de sanción (de 35.000 y 50.000 euros, respectivamente) de ambas administraciones por lo ocurrido. Además, la Fiscalía de Ourense investiga si se trata de un posible delito ambiental, mientras que un juzgado de O Barco ha abierto diligencias previas. En todos los casos, desde el Gobierno esperan «que se resuelvan lo antes posible y se valore positivamente la rápida y adecuada acción para revertir los efectos de la caída de los vagones». 

La respuesta enviada al diputado del BNG incluye también el anuncio de que «se está analizando» proponer al Ministerio de Transportes una modificación normativa que suponga un cambio en las condiciones en que los operadores ferroviarios prestan su servicio, «para que sea más respetuoso con el medio ambiente, y que exista una cobertura específica con un seguro de responsabilidad civil para daños ambientales que puedan ocasionar los operadores ferroviarios».

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