Los asesores, peones clave en el tablero de la crisis municipal

La ruptura de la coalición de DO y PP ha provocado cambios en el personal eventual del Concello y de la Diputación

Fachada de la Casa do Concello en la Praza Maior
Fachada de la Casa do Concello en la Praza Maior

Ourense

El papel de los asesores en la política ourensana suele pasar desapercibido, pero son una pieza fundamental en la actividad de los partidos. Tanto es así, que la crisis en el gobierno municipal ha tenido como consecuencia una profunda reestructuración del personal eventual (o de confianza) que trabaja al servicio tanto del Concello de Ourense como de la Diputación. Algunos se mueven de una a otra como si fuesen peones en una partida de ajedrez.

Este mismo miércoles se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia los últimos cambios en la institución presidida por José Manuel Baltar, que se ha convertido en refugio para algunos de los damnificados por la ruptura del ejecutivo local. Así, tras quedarse sin su dedicación exclusiva en el Concello, la ex concejala de Hacienda, la abogada Ana María Fernández Morenza, encontró acomodo como asesora.

Lo mismo ocurrió con los tres trabajadores del gabinete de Gonzalo Pérez Jácome que fueron cesados por el alcalde al entender que se habían alineado con los concejales díscolos de Democracia Ourensana. Dos de ellos (Víctor Rodríguez y Bruno Blanco) fueron recolocados como asesores del grupo de DO en la Diputación y otro, José Manuel Palacios, como adscrito al gabinete del presidente, José Manuel Baltar.

Menos suerte han tenido siete de los diez asesores que tenía el PP en el Concello de Ourense cuando formaba parte del gobierno. El regidor los cesó y, al pasar a la oposición, el grupo popular tuvo que quedarse solo con tres: María José del Brío, Lorena Crespo y Erica Cid. Cabe destacar, en este sentido, que entre Jácome, PSOE y PP se han producido contactos para modificar el régimen retributivo de la corporación para adaptarlo a la nueva realidad. En las negociaciones se está hablando de sueldos para los concejales del PP -que se quedaron sin ediles con dedicación tras la ruptura- y también de posibles compensaciones para otros grupos con la contratación de más asesores.

Por otra parte, en la Diputación también se han producido cambios en su personal eventual como consecuencia de la elección de dos de sus miembros para otros cargos. Se trata del exalcalde de Celanova, José Luis Ferro, que ahora es diputado autonómico, y de Gabriel Alén, exregidor de Cenlle, que recientemente tomó posesión como delegado de la Xunta en Ourense. Morenza ocupó uno de esos puestos vacantes y el otro ha sido para Rubén Pena Fraga. Es responsable de una tienda de ropa y hermano de la jefa de gabinete de la Delegación Territorial de la Xunta, Marta Pena Fraga, que además fue en la candidatura popular de las autonómicas. Esta persona, tal y como recoge el BOP de este miércoles, se ha incorporado a la institución como administrativo de Presidencia, con un sueldo bruto anual de 29.915,48 euros.

Unos trabajadores que cuestan casi dos millones al año

La contratación de asesores permite a los partidos políticos contar con profesionales especializados en diversas áreas, como por ejemplo responsables de comunicación o administrativos. Pero, además, los grupos suelen seleccionar a ese personal de confianza en base a criterios de afinidad política. Cabe destacar que, al arrancar este mandato, el Concello de Ourense duplicó el número de asesores hasta llegar al máximo legal. Había 27, los mismos que concejales. Su coste ascendía a 802.247,77 euros, aunque los últimos ceses derivados de la ruptura lo han rebajado. La Diputación también tiene 27 plazas de asesores (seis más que en el mandato anterior). En el año 2020 la institución provincial superó por primera vez el millón de euros de gasto en el personal eventual debido a ese incremento.

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