Cabezas alega indefensión en el caso del 10% y dice tener «una visión diferente» de los hechos
OURENSE
El abogado del exalcalde considera que no se le ha dado tiempo suficiente para estudiar el caso
14 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El caso que sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia provincial de Ourense al exalcalde de la capital, Manuel Cabezas, acaba de completar una nueva fase. El ex regidor del PP, para el que se piden siete años de cárcel al atribuírsele delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha presentado en el juzgado su escrito de defensa, como ya hiciera hace algunos meses el segundo imputado en este asunto, el exedil de urbanismo, Ricardo Campo Labrador.
En el escrito, el abogado del expolítico dice «tener una visión diferente de la realidad de lo ocurrido» y considera que los hechos sometidos a enjuiciamiento «no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal». Sin entrar en otras valoraciones, no ve motivo para castigar penalmente a los acusados, como tampoco de que se deriven del caso responsabilidades civiles.
Eso sí, esta parte plantea una cuestión previa, y es la relativa a la falta de tiempo para preparar el caso que asegura haber tenido el abogado que desde hace unos meses asiste a Cabezas. «Esta parte solo ha tenido tres días para el estudio y análisis de los cuatro tomos que contienen los proyectos de gestión urbanística del Concello de Ourense», argumenta el letrado, que considera que se ha vulnerado su derecho de defensa.
El conocido como caso del 10% se remonta al año 2014, cuando la exedila socialista Áurea Soto, personada ahora como acusación popular, interpuso denuncia en el juzgado. Ponía la lupa en la responsabilidad de Cabezas, Campo Labrador y otros ediles de la corporación por no haber solicitado el 10 % del suelo a promotores que ejecutaron proyectos urbanísticos en la capital ourensana. Ahora las acusaciones ven indicios de que tanto el exregidor popular como el exedil de urbanismo, el resto de políticos ya fueron descartados del caso, vulneraron la legalidad al no exigir esas cesiones, provocando al erario público municipal un perjuicio de casi 1,7 millones de euros, ya constatados por el Consello de Contas.