Jácome planea dar concejalías al «city manager» y a los directores generales

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE

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Gonzalo Pérez Jácome saluda con el codo a Francisco Cacharro en la toma de posesion de este como  city manager
Gonzalo Pérez Jácome saluda con el codo a Francisco Cacharro en la toma de posesion de este como city manager CEDIDA

Trabajadores de libre designación asumirán tareas que eran de cargos electos

13 sep 2020 . Actualizado a las 10:29 h.

Hasta esta semana, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, encabezaba un gobierno municipal apoyado por otras trece personas. Doce de esos concejales -es decir, todos salvo el coordinador del grupo popular, Jesús Vázquez- tenían delegadas competencias para la gestión de determinadas áreas. Ahora, sin embargo, el ejecutivo lo forman solo dos personas y la próxima semana Jácome planea diseñar una nueva estructura del gobierno en la que habrá delegaciones no solo en cargos electos, sino también en trabajadores de libre designación.

Para la organización de las concejalías, el alcalde cuenta con su único apoyo en estos momentos, su número dos, Armando Ojea, pero también cuenta con la próxima incorporación del edil que sustituirá al dimitido Mario González (Telmo Ucha). «Está claro que Armando tiene que asumir varias, igual que Telmo e igual que yo», explica Jácome. Por lo tanto, entre los tres se distribuirán parte de las áreas, pero otras competencias serán delegadas en el city manager y en los directores generales. Es una posibilidad que prevé el artículo 124 de la Ley de bases de régimen local y, dadas las circunstancias, esa medida contribuiría a liberar a los tres concejales electos de la sobrecarga de trabajo que les espera tras la ruptura del pacto con el PP y la espantada de los díscolos de DO.

Una pieza clave en la nueva estructura del gobierno local será la de Francisco Cacharro Gosende, city manager. «Puede asumir alguna concejalía, a parte de la coordinación de todo, como está haciendo ahora», reconoce el alcalde de Ourense, que explica que aún no ha decidido de qué competencias concretas podría encargarse. «Lo veremos a partir de la próxima semana. Tenemos que perfilarlo», se limita a decir Gonzalo Pérez Jácome.

En cualquier caso, con Cacharro el alcalde tiene a su disposición el perfil de un jurista experto en la Administración local. Hasta su reciente incorporación al Concello, era secretario en la Diputación y fue contratado como coordinador general, con un salario aproximado de 86.000 euros anuales, más alto que el propio alcalde (que ronda los 68.000). Además, el Ayuntamiento tiene a un director general de Recursos Humanos, Eduardo González Gil. Parece obvio el trabajador, un ex alto cargo del Sergas, podría llevar la Concejalía de Personal, toda vez que hasta ahora ya llevaba el peso de la misma. Faltaría por encajar, finalmente, al director general de Inteligencia Artificial, David Olivieri. Este y González Gil cobran en torno a 62.000 euros brutos anuales. Por otra parte, todos ellos -incluido Cacharro- fueron seleccionados por el sistema de libre designación.

Lo que tiene claro Jácome es que el Concello «no va estar paralizado». Y añade: «Si un concejal no está a la altura, se funciona mejor sin ese concejal».

Francisco Cacharro: «Esta es una situación totalmente inédita»

Gonzalo Pérez Jácome fichó a Francisco Cacharro como city manager para poner orden en el funcionamiento interno del Concello de Ourense. Poco podía imaginar el hasta entonces secretario de la Diputación cómo iba a complicarse la gestión municipal en la ciudad. «Esta es una situación totalmente inédita. No me consta que se haya dado nunca algo así», explica el coordinador general del Ayuntamiento (que es el nombre oficial de su cargo, aunque Jácome prefiere usar el de city manager).

Cacharro se refiere al hecho de que, tras estallar la crisis en el gobierno, este haya quedado formado únicamente por dos personas: el propio Jácome y su número dos, Armando Ojea. El city manager, jurista experto en la Administración Local, tiene claras las alternativas que existen en la legislación para gestionar esta situación. La Ley de bases de régimen local establece en el artículo 124 que los alcaldes podrán delegar determinadas competencias «en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares». Hay, no obstante, algunas excepciones y es indelegable en este tipo de trabajadores, por ejemplo, la dirección del gobierno local, el nombramiento de tenientes de alcalde, la adoptación medidas extraordinarias o la jefatura de la Policía Local.

Pero sí hay otras competencias que se pueden delegar, como la autorización de gastos, la firma de decretos, la publicación de acuerdos, etcétera. El coordinador y los directores generales podrían asumir «cuestiones de trámite» ante la «sobrecarga de trabajo» que supondrá el gobierno en franca minoría que encabeza Jácome, explica Cacharro, que apunta en todo caso que esa es una decisión política que corresponde tomar al regidor.

El city manager explica, además, que ya no es posible nombrar concejales no electos, como hizo el PSOE en el Concello de Ourense con Carmen Rodríguez Dacosta en el año 2011. «Esa fue una reforma legal cuyo gran promotor fue Ruiz Gallardón y partía de un concepto que se basaba en que la Junta de Gobierno fuera un Gobierno, como el Consello de la Xunta o como el Consejo de Ministros. Y, ya se sabe que, para ser ministro, no hace falta ser diputado; puedes nombrar a un técnico, a alguien que sepa, igual que Feijoo nombró conselleiro de Sanidad al gerente del área de Vigo», indica Cacharro, que recuerda que el Tribunal Constitucional anuló esa disposición legal en una sentencia «muy discutida».

Lo más problemático de la situación actual es la imposibilidad de celebrar reuniones de la Junta de Gobierno porque el cuórum mínimo es de tres personas y solo hay dos concejales. «La Junta de Gobierno Local no tiene competencias delegadas, tiene competencias propias. El Ayuntamiento de Ourense está en el régimen especial de municipios de gran población, no en el régimen común. En la Diputación y en el resto de ayuntamientos, la Junta de Gobierno es un órgano sin competencias propias; la única que tienen es prestar asistencia al alcalde. Pero en los ayuntamientos que pertenecen al régimen de municipios de gran población tiene atribuciones propias», explica el city manager, que precisa que además son competencias «fuertes». Se trata, por ejemplo, de la aprobación inicial de ordenanzas o de desarrollos urbanísticos, la concesión de licencias, la disposición de gastos previamente aprobados por el pleno, etcétera.

Todo ello estará paralizado en el Concello de Ourense hasta que entre en la corporación municipal el sustituto del exconcejal de Cultura, Mario González, que dimitió tras estallar la crisis de Democracia Ourensana. Con el nuevo edil -Telmo Ucha, que es totalmente fiel a Jácome- el gobierno municipal ya tendrá el cuórum necesario para poder celebrar de nuevo las reuniones de la Junta de Gobierno.

El alcalde asume que la Junta de Gobierno estará paralizada hasta finales de mes

Tanto el reglamento orgánico como la propia Ley de bases de régimen local impiden el normal funcionamiento del Concello de Ourense mientras el ejecutivo municipal esté formado por solo dos personas. En él resisten Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea, pero el mínimo establecido para poder celebrar reuniones de la Junta de Gobierno Local es de tres concejales. Ese órgano es fundamental porque, sin él, no se pueden ni siquiera conceder licencias para la apertura de negocios, por poner solo un ejemplo.

El problema es, en todo caso, provisional, ya que en el pleno del pasado viernes quedó ratificada la dimisión del que fuera concejal de Cultura, Mario González, que abandonó a raíz de la crisis originada en el seno de Democracia Ourensana. Se activaron entonces los trámites para su sustitución y en su lugar entrará Telmo Ucha. Jácome planea acelerar al máximo el proceso para que se incorpore cuanto antes. Convocará para ello un pleno extraordinario y avanza que la sesión tendrá lugar el próximo día 21. A partir de ese momento, Ucha -que es fiel a Jácome y hasta ahora ocupaba un puesto de asesor por el que cobraba 34.128,22 euros brutos anuales- podrá incorporarse a la Junta de Gobierno Local. De ese modo, el órgano podrá volver a reunirse y desbloquear los asuntos que queden pendientes desde ahora.