PSOE, Ciudadanos y BNG no asistieron por el contagio del asesor del alcalde
25 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Los 27 miembros de la corporación municipal del Concello de Ourense estaban convocados este lunes a un pleno a las 9.00 horas, pero los grupos de la oposición no se presentaron. Media hora antes, PSOE, Ciudadanos y BNG celebraron una rueda de prensa conjunta en la Praza Maior para informar del motivo de su ausencia: el positivo en coronavirus detectado a un asesor del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Este insiste, sin embargo, en criterios técnicos para mantener la sesión plenaria.
El regidor tomó la palabra al inicio del pleno para explicar lo ocurrido. El pasado martes el trabajador eventual en cuestión empezó a sentirse mal y, desde entonces, no volvió al trabajo. Se hizo una primera prueba que dio negativo, pero la segunda sí dio positivo. Tras confirmarse el contagio, este viernes, el caso se puso en conocimiento del departamento municipal de Recursos Humanos que, a su vez, se lo comunicó a las autoridades sanitarias. Jácome asegura que él mismo habló personalmente con una coordinadora covid y esta le informó que no era necesario suspender el pleno.
Jácome asegura que el asesor no tuvo contactos «estrechos» en su entorno laboral, es decir, que no estuvo con nadie sin mascarilla durante más de quince minutos y a menos de metro y medio de distancia. El alcalde insistió en que esos son los criterios sanitarios establecidos desde el Gobierno central. «Estamos haciendo lo que dice el PSOE en Madrid», sentenció el regidor, que explicó que no existe el informe por escrito que pide la oposición y que avalaría la celebración de la sesión plenaria: «No avisan a los que no tienen que hacer nada». Jácome insistió en que, como alcalde, debe actuar siguiendo las instrucciones de la coordinadora covid: «Tendré que hacerle caso a los técnicos, no a la oposición».
PSOE, Ciudadanos y BNG
Previamente, en la rueda de prensa que ofrecieron en la Praza Maior, los portavoces de PSOE, Ciudadanos y BNG explicaron sus motivos. Todos ellos hicieron hincapié en que el contenido del pleno no era urgente, por lo que la sesión podría aplazarse sin problemas. Además, acusaron al gobierno local de no informar adecuadamente a la oposición. «En vez de actuar de xeito exemplarizante o que fai é intentar ocultalo», lamentó el socialista Rafael Rodríguez Villarino. Este recordó que hace unas semanas se detectó un caso sospechoso tras la celebración de un comité provincial del PSOE y todos se hicieron una prueba (aunque todos dieron negativo). El portavoz del PSOE destacó su preocupación por el resto de trabajadores del Concello y se preguntó: «Que mais se debe facer para que alguén interveña? Falaban de que interviñera Feijoo, que interviñera Baltar... Que interveña alguén! Ou van ter que entrar as forzas de seguridade a desaloxar a Casa Consistorial para intentar evitar que a xente se contaxie?».
«Aquí dentro desta casa parece que está a valer absolutamente todo», añadió José Araújo, de Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja hizo hincapié en que el asesor contagiado interactúa con frecuencia con los funcionarios y se desplaza de planta en planta. «Móvese máis que os prezos», ilustró Araújo, que pidió a los concejales de Democracia Ourensana «que centren ao seu líder» y a los de PP, que le den un «toque de dignidade a esta cidade».
Finalmente, Luis Seara, del BNG, acusó al ejecutivo de «xogar coa saúde das persoas con absoluta frivolidade». Según dijo, «sabiamos que estabamos diante dun goberno incompetente e incapaz pero desde hoxe sabemos tamén que estamos diante dun goberno absolutamente irresponsable». El portavoz del Bloque cree, además, que la celebración del pleno manda un mensaje equivocado a la ciudadanía: «Estámoslle pedindo sacrificios e responsabilidade e resulta que nós facemos o que nos peta».
En veinte minutos
Así las cosas, en el salón de plenos de la Diputación -donde se están celebrando las últimas sesiones por motivos de espacio y seguridad- solo se sentaron los representantes de Democracia Ourensana y Partido Popular. La reunión se resolvió en veinte minutos, incluyendo la intervención inicial de Jácome para explicar los motivos de mantener la convocatoria. Después los puntos del orden del día se ventilaron uno tras otro por unanimidad: seis modificaciones presupuestarias, un reconocimiento extrajudicial de facturas atrasadas, la compatibilidad del director de Recursos Humanos para dar clase y el nombramiento de un vocal para el Tribunal Económico Administrativo.
Finalmente, estaba previsto el debate de ocho mociones presentadas por los distintos grupos, pero todas ellas fueron retiradas, incluso la que proponían PP y DO para instar al Gobierno central a no «apropiarse» de los fondos de las entidades locales.