Áurea Soto emplaza a Jácome ante un juez para que rectifique las declaraciones que hizo en un pleno
OURENSE
El juzgado autoriza la celebración de un acto de conciliación solicitado por la exedila socialista de urbanismo
29 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La exedila socialista Áurea Soto y el alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome, se verán las caras en el juzgado el próximo mes de septiembre para un acto de conciliación solicitado por la antigua responsable del área de Urbanismo de la ciudad de As Burgas. En ese encuentro, que se ha programado para las 9.40 del día 19 en el edificio judicial de O Couto, Soto pretende que el regidor se retracte de unas manifestaciones realizadas en el pleno municipal del pasado 7 de marzo y por cuyo contenido la expolítica inició la vía judicial apenas una semana después, justo antes de que se decretara el estado de alarma. El juzgado de primera instancia número 7 de la capital, tras estudiar la documentación aportada por Soto, considera que «tiene legitimación para promover la presente pretensión» y acuerda admitir a trámite la solicitud para el acto de conciliación, fijando el día y la hora y anunciando que el alcalde será debidamente notificado para que comparezca.
El caso tiene su origen en un tenso pleno celebrado en la capital antes de que estallase la crisis del coronavirus. En aquel encuentro Jácome dijo que Áurea Soto fue -durante su etapa como responsable del área de Urbanismo del Concello de Ourense, con el PSOE al frente de la alcaldía- la responsable de duplicar la edificabilidad en la ciudad para permitir dos torres de Copasa junto al río Miño. «Las grandes recalificaciones del PXOM son del PSOE, que es quien hizo el 99 %», dijo el alcalde. Sus declaraciones no tardaron en tener respuesta de Soto, quien desde el primer momento negó tal extremo, aportando al juzgado la documentación que, según sostiene, demuestra que esa previsión ya aparecía en el plan urbanístico del año 2003, que acabó siendo anulado por la Justicia.
En un escrito presentado el 13 de marzo en el juzgado, la socialista consideraba que cuando el alcalde había hecho esas declaraciones «era plenamente consciente de que se trata de falsedades porque durante ocho años fue concejal del grupo Democracia Ourensana, participando en todos los debates plenarios que tuvieron lugar con motivo de la anulación del plan general del 2003». La exedila del PSOE hacía hincapié en que las declaraciones del alcalde podrían ser constitutivas de un delito de injurias muy graves y destacaba que esas declaraciones fueron realizadas «con la máxima publicidad», por lo que reclamaba entonces que el regidor pidiera disculpas y admitiera la falsedad de sus palabras en el siguiente pleno que se celebrara. Esa demanda nunca llegó a cumplirse, así que ahora habrá que ver qué pasa cuando comparezcan en el juzgado.