Por primera vez desde el 2014 hay cuentas actualizadas, pero la clave está en el dinero que está en el banco
10 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Ourense aprobó definitivamente sus presupuestos para el año 2020 el pasado día 30 de abril. Es la primera vez que el Ayuntamiento logra completar ese trámite desde el año 2014 y esta semana, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, las cuentas están por fin en vigor. Un documento presupuestario actualizado tendrá un impacto inmediato en la gestión diaria del Concello, pero surgen muchas preguntas respecto a la utilidad de estas cuentas dadas las circunstancias actuales y el recorrido judicial que aún puede tener este asunto.
¿Para qué sirve tener ya los presupuestos en vigor?
Hacía ya tanto tiempo que el Concello de Ourense no lograba aprobar unos presupuestos, que es una situación totalmente nueva para muchos. «En los cinco años que llevo, yo nunca lo viví. Es una satisfacción», reconoce la concejala de Hacienda, Ana María Fernández Morenza, que ocupa esa responsabilidad desde el pasado mandato, cuando el PP gobernaba en minoría. Tener las cuentas aprobadas servirá, según dice, para agilizar inversiones y, sobre todo, para incrementar el gasto en el área social. Esto último es especialmente importante ahora debido al impacto económico que ya está teniendo la crisis del coronavirus para muchas familias, apunta Morenza.
¿Están adaptados los presupuestos a la realidad actual?
Los presupuestos del Concello de Ourense que acaban de entrar en vigor fueron elaborados el año pasado y aprobados inicialmente en enero, cuando aún no había estallado la crisis del coronavirus. Además, ese documento es muy similar al propuesto en el año 2018 por el PP, que entonces gobernaba en minoría y no logró apoyos para aprobarlo.
Pese a todo, el ejecutivo argumenta que el incremento de más del 80 % en el gasto social con respecto a los últimos presupuestos -aprobados por el PSOE en el año 2014- servirá para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis del coronavirus. La oposición cree, sin embargo, que no será así. Cabe recordar, en este sentido, que las cuentas que ya han entrado en vigor prevén 103,1 millones de euros y el 88 % de ese dinero lo consumen gastos corrientes y de personal. El gobierno tendrá más margen de maniobra cuando pueda disponer del remanente de tesorería, es decir, de todo el dinero que el Concello de Ourense tiene guardado en el banco. Allí «no pinta nada», dice el alcalde. Son 120 millones de euros y el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, quiere gastárselo todo en los próximos tres años y medio.
¿Cuándo podrá el Concello disponer de sus 120 millones en el banco?
Según explica la concejala de Hacienda, el Concello de Ourense podrá disponer de los 120 millones de euros que tiene guardados en el banco en cuanto se apruebe la liquidación del ejercicio 2019. El trabajo técnico previo ya está muy avanzado y «pronto», según dice Morenza, se firmará el decreto que permitirá continuar adelante con el expediente. Será entonces cuando el interventor tendrá que emitir un informe de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto. Si todo va bien, en unas semanas el gobierno local podría empezar a plantear modificaciones presupuestarias para movilizar todo ese dinero.
El alcalde ya ha avanzado que quiere gastárselo todo porque eso ayudará a reactivar la económica local y porque la ciudad está «obsoleta» después de tantos años sin grandes inversiones por parte del Ayuntamiento. Además de abordar la crítica situación actual con 20 millones en ayudas para autónomos, planea ejecutar obras de todo tipo, desde humanización de calles pasando por reasfaltados hasta un aquapark «indoor» o un velódromo.
¿Acabarán los presupuestos en el juzgado?
Todo apunta a que sí. La única vía que queda para frenar los presupuestos que entraron en vigor esta semana es presentar un recurso contencioso-administrativo. «Como os sindicatos non teñen nada que facer, que vaian», dijo el alcalde en el día de su aprobación definitiva. Y así será. José Manuel Rodríguez, del CSIF, y Javier García Gago, de la CIG, ya han confirmado que están preparando la documentación para visitar el juzgado. Su principal argumento es la falta de negociación de los gastos de personal. En todo caso, la presentación de este tipo de recursos no supone automáticamente la paralización de los presupuestos y estos procesos suelen tardar años en resolverse.