El fiscal Miguel Ángel Ruiz abordó el papel que juegan los economistas en este tipo de procesos
28 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Los nuevos retos que provoca la delincuencia económica fue el motivo que reunió a abogados y a economistas ourensanos, en la sede del Colexio da Avogacía. El acto, organizado por el Colegio de Economistas de Ourense, contó con la presencia de Miguel Ángel Ruiz Sanz, que en el 2007 accedió a la carrera fiscal y que en la actualidad ocupa el cargo de fiscal delegado de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Ourense. En el encuentro se buscaba facilitar a los profesiones participantes el prevenir y evitar eficazmente los comportamientos delictivos que pudieran relacionarse con el desarrollo de las diferentes actividades empresariales, a través del análisis de los nuevos delitos económicos introducidos en el año 2019 como los que se han modificado en ese mismo año con especial atención al fraude de subvenciones, la delincuencia fiscal y contable contra la Seguridad Social y el estado jurídico de la cuestión.
Pero, ¿cuáles son los principales delitos económicos que llegan a manos de la Fiscalía de Ourense?. Miguel Ángel Ruiz Sanz responde: «La mayoría de casos son fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Se trata de los típicos impagos, ya que no hay grandes casos, más allá de algunos entramados como fue el caso de Las 5 Jotas con cuestiones derivadas, pero no es lo habitual».
Preocupación
En el caso de los economistas, una de las principales preocupaciones que tienen es el nivel de responsabilidad que pueden tener a la hora de un proceso judicial. «Desde la perspectiva de la Fiscalía, el papel del economista puede llegar a ser trascendente, en función de las recomendaciones y propuestas que realice a la empresa a la hora de la toma de decisiones. También puede llegar a tener un papel fundamental para evitar que las empresas cometan un fraude en el ejercicio de sus acciones», señala Miguel Ángel Ruiz Sanz.
Entre las novedades normativas incluidas en el último año, se encuentra la tipificación de los delitos económicos que están relacionados con las subvenciones. El fiscal delegado de delitos económicos explica: «Hay una nueva reforma que ha establecido unos límites distintos. Nosotros confiamos en que la gente cumpla escrupulosamente la ley, pero la normativa ha abierto el abanico al establecer la cantidad en 10.000 euros, cuando antes eran 120.000 euros. Esto provoca que pueda haber más margen para tipificarlo como delitos».