El caso del menor que se suicidó en Monteledo llega al Tribunal Supremo ocho años después

Ocho años después de ocurrieran los hechos, la madre de un menor que se suicidó en el centro de menores de Monteledo, en Ourense, aún sigue buscando justicia. Después de que el Tribunal Superior de Xustiza dictase una sentencia en la que exoneraba tanto al centro como a la administración gallega de cualquier responsabilidad en lo ocurrido, la progenitora ha logrado que el caso llegue al Tribunal Supremo.

Se cubre así otra etapa de un complejo procedimiento judicial que está siendo especialmente largo en este caso, ya que la progenitora había presentado ante el alto tribunal gallego en abril del 2017 la preparación del recurso de casación contra la sentencia en la que se habían desestimado sus pretensiones de responsabilidad patrimonial por parte de la administración. Han tenido que pasar casi dos años para que desde el alto tribunal gallego se les notificara la admisión previa de este trámite. «Atendida la legitimación de la parte recurrente, en su condición de demandante en el procedimiento que nos ocupa y habiendo invocado normativa de derecho interno presuntamente vulnerada y determinante del fallo, no cabe otra resolución que tener por preparado el recurso pretendido, reservando al superior y más elevado criterio del más alto Tribunal de la nación el análisis del interés casacional de la cuestión controvertida y su consiguiente admisión o inadmisión a trámite», recoge el auto. Así las cosas, la madre del menor, representada por el abogado Xosé Manuel Pacho, ya se ha personado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que deberá ahora pronunciarse sobre la admisión del asunto.

La muerte del joven se produjo en febrero del 2012, dos semanas después de su ingreso en el centro de internamiento de Monteledo, ordenado por un juez de menores. Primero estuvo en observación y posteriormente se decidió su integración en uno de los pabellones. Su muerte se produjo en la tarde del día 22, cuando se quitó la vida «colgándose con una sábana que pendía de la tubería de conducción de la calefacción, compuesta por dos tubos metálicos de 25 milímetros que discurría por la pared, prácticamente a la altura del techo». Así recogía las circunstancias del óbito la sentencia del TSXG, en la que se desestimaban los recursos presentados por la familia del chico por la responsabilidad patrimonial de la Consellería de Traballo y de la Fundación Camiña Social, gestora del centro, en lo ocurrido. El fallo entendía que no había quedado acreditada «la relación causal entre el comportamiento omitido por la administración y el resultado producido». Aquella sentencia reconocía que en el momento de los hechos en Monteledo no existía protocolo de prevención de suicidios, si bien se puso en marcha apenas tres meses después de los hechos, y también tenía en cuenta la «desazón de los padres recurrentes ante la pérdida sufrida», pero entendía que las administraciones antes citadas no habían tenido responsabilidad en el suicidio del menor a su cargo, puesto que este hecho había dependido «de la voluntad personal de menor».

Pero la madre del joven cree que quizás la muerte de su hijo se pudo evitar y no ha perdido la esperanza de que la Justicia termine dándole la razón.

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