¿Qué riesgos corren los presupuestos municipales si tienen «vicios»?

Los reparos del interventor a las cuentas enfrentan a gobierno y oposición y todo podría acabar en el juzgado


Ourense

El interventor municipal es el funcionario de habilitación nacional encargado de fiscalizar la gestión económica en los ayuntamientos. Entre sus responsabilidades está la de informar los presupuestos y su conclusión sobre el proyecto presentado por el gobierno es que contiene «vicios» que podrían determinar su «anulabilidad». Llegados a este punto, ¿pueden salir adelante las cuentas del ejecutivo local en coalición de Democracia Ourensana y Partido Popular?

¿Qué piensa hacer el gobierno?

Después de conocerse el contenido del informe del interventor, la concejala de Hacienda, Ana María Fernández Morenza, dijo que todas las conclusiones de ese funcionario entran en contradicción con las de otros técnicos. Por otra parte, el informe de Intervención es preceptivo, pero no vinculante. En base a ello, el gobierno municipal ignorará todas las advertencias del funcionario y seguirá adelante con la tramitación del documento, tal y como dejó claro un comunicado oficial difundido este martes.

¿Y qué hará la oposición?

El gobierno municipal acordó la aprobación del proyecto presupuestario en Junta de Gobierno Local sin atender los reparos del interventor y, a partir de ese momento, se abrió un plazo para que los grupos de la oposición presentasen enmiendas. El PSOE decidió no hacer uso de esa potestad al entender que el informe del interventor es lo suficientemente contundente. Los concejales del grupo socialista comparecieron en rueda de prensa este martes para explicar su posición. «Son uns orzamentos ao marxe da legalidade», dijeron. El BNG tampoco ha presentado enmiendas por ese mismo motivo y, aludiendo de igual modo al informe de Intervención, Ciudadanos tramitó una a la totalidad pese a que el reglamento orgánico del Ayuntamiento no las prevé.

¿Son habituales los informes desfavorables de Intervención?

En el caso del Concello de Ourense, sí. También fue desfavorable el informe que el interventor elaboró en el año 2018 sobre los presupuestos que en el pasado mandato empezó a tramitar el gobierno en minoría del PP (que nunca consiguió aprobarlos). En aquel momento, siendo líder de la oposición, Gonzalo Pérez Jácome, justificó su rechazo a las cuentas en las conclusiones del funcionario. El PSOE insistió este martes en que, a diferencia de entonces, en esta ocasión el informe ve motivos de «anulabilidad». Admitieron los socialistas que, cuando ellos gobernaban, la fiscalización del funcionario también era desfavorable, pero aseguran que sus informes en aquella época nunca fueron tan «demoledores» como este último.

¿Qué tramites quedan?

Teniendo en cuenta que la única enmienda, de Ciudadanos, podría ser rechazada por defectos de forma, la tramitación de los presupuestos no debería demorarse en exceso. El documento presentado por el partido naranja debe ser analizado por el jefe del servicio de Gestión Tributaria y después por el interventor. Cuando emitan sus correspondientes informes, el gobierno municipal podrá convocar por fin el pleno extraordinario para el debate y aprobación inicial de los presupuestos. Después se abrirá un plazo de quince días para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. Estas tendrán que resolverse en una nueva sesión plenaria y sería entonces cuando las cuentas quedarían definitivamente aprobadas.

El gobierno municipal está completamente decidido a seguir adelante y este martes su gabinete de comunicación difundió declaraciones del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y del portavoz del ejecutivo, Miguel Caride, ambos de Democracia Ourensana, así como de Jorge Pumar, teniente de alcalde, y de la concejala de Haciendas, Ana María Fernández Morenza, del PP. Pretenden, de este modo, trasladar una imagen de unidad en la coalición en relación a este asunto. El comunicado arremete contra los grupos de la oposición por su actitud respecto a la tramitación de enmiendas: «Amosan que non son alternativa nin contan con ningún modelo de cidade».

¿Podrían acabar los presupuestos en el juzgado?

Muy probablemente. El PSOE aseguró este martes que valorará todas las posibilidades. Tras el trámite de alegaciones posterior a la aprobación inicial, solo quedaría la vía del contencioso-administrativo para los partidos políticos o para los colectivos que se consideren afectados. En este sentido, no sería descartable que sean los sindicatos los que acudan al juzgado, toda vez que acusan al Concello de Ourense de no haber cumplido con la negociación colectiva de los presupuestos en materia de personal. Esa circunstancia motiva, de hecho, uno de los reparos del informe del interventor, aunque el gobierno municipal insiste -también en su comunicado de este martes- en que existen sentencias que avalan su posición sobre este asunto.

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