El funcionario detecta «vicios» que podrían provocar la anulación de las cuentas
03 ene 2020 . Actualizado a las 18:17 h.Los reparos formulados por el interventor municipal al proyecto de presupuestos presentado por el gobierno local no frenarán la aprobación de las cuentas. El ejecutivo en coalición de Democracia Ourensana y Partido Popular no piensa cambiar ni una coma. «No recuerdo ningún informe favorable de Intervención con respecto a los presupuestos. Es decir, no ha sido sorpresa ninguna», explicó Ana María Fernández Morenza, concejala de Hacienda.
La edila compareció en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno Local que aprobó provisionalmente los presupuestos. La correspondiente notificación fue enviada esa misma mañana a los grupos de la oposición para poder abrir formalmente el plazo de diez días que estos tienen para presentar las enmiendas que consideren necesarias. Es decir, el gobierno municipal sigue adelante con sus planes pese a las advertencias del interventor, que es el funcionario -de habilitación estatal- encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento.
Vicios o meras discrepancias
Morenza explicó que este pone «una serie de pegas» que entran en contradicción con las conclusiones de otros técnicos municipales que sí avalan los presupuestos. Una de esas «pegas» es, por ejemplo, la ausencia de negociación colectiva con los sindicatos, pero un informe del asesor jurídico jefe concluye que no es necesario en base a una sentencia del Tribunal Supremo. Sobre este asunto, se puso sobre la mesa la anulación de los presupuestos de Verín por un motivo similar, tras una denuncia sindical. Sin embargo, el portavoz del gobierno municipal, Miguel Caride, que es abogado, tomó la palabra y aseguró que en este caso no hay peligro porque los sindicatos podrán presentar alegaciones tras la aprobación provisional de los presupuestos. Además, citó una sentencia del año 2016 que, según dijo, desestimó la anulación de los presupuestos de Lugo, solicitada precisamente por falta de negociación colectiva.
«O máis importante é que o orzamento sexa equilibrado, que sexa financeira sostible e que os gastos non superen os ingresos. E, evidentemente, iso infórmao favorablemente o interventor. Todo o demais son cuestións técnicas, de opinión, que ademais están contrastadas por informes da propia asesoría xurídica noutro sentido», resumió el portavoz de la Junta de Gobierno Local.
Sin embargo, lo que para el ejecutivo son meras discrepancias técnicas, para el interventor son «vicios que poderían determinar a súa propia anulabilidade». Habla de la «ausencia» de negociación colectiva, de la «deficiente» dotación del capítulo de personal y de la «vulneración» del principio de suficiencia presupuestaria, de manera que no se garantiza el pago de servicios como el tratamiento de residuos de Sogama, el transporte urbano o el abastecimiento y saneamiento de agua. Añade que los presupuestos también podrían ser anulados «por infrinxir diversas normas de obrigado cumprimento» y se refiere, por ejemplo, a la ley de empleo público de Galicia.
Morenza insistió ante los medios de comunicación en que todas esas advertencias han sido desmontadas por otros funcionarios del Ayuntamiento, pero el BNG destaca que también hay otros informes, como el del servicio de Xestión Económica e Orzamentaria, que cuestionan la situación. Ese concreto hace hincapié en la «precariedade nos contratos máis importantes dende o punto de vista cuantitativo no Concello». Además resalta que no se aportaron informes sobre las previsiones del futuro importe de licitación de esos servicios. José Araújo, de Ciudadanos lamenta que haya una «guerra» con el interventor y pide que se tengan en cuenta sus reparos.
Plazos
Pero después de cinco años sin presupuestos, el gobierno está ansioso por aprobar unos. El ejecutivo no tendrá en cuenta los reparos del interventor y, tras la aprobación del proyecto presupuestario acordada este viernes, los grupos de la oposición disponen de diez días naturales para presentar las enmiendas que deseen. Cumplido ese plazo, serán fiscalizadas por los técnicos municipales y podrá convocarse un pleno extraordinario para el debate y aprobación provisional de los presupuestos. El gobierno cuenta con llegar a ese punto este mismo mes de enero, aunque después se abrirá un plazo de quince días hábiles para que cualquier ciudadano pueda presentar alegaciones. Estas, de existir, tendrían que resolverse en otra sesión plenaria.