Gonzalo Pérez Jácome admite que el Ayuntamiento está «oxidado» y «enfermo»
27 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Este es un Ayuntamiento oxidado, enfermo, y nosotros vamos a intentar ponerlo en marcha». Con esta proclama del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el Concello de Ourense aprobó este jueves el pago de casi medio millón de euros en facturas atrasadas. La propuesta del gobierno municipal en coalición de Democracia Ourensana y Partido Popular fue respaldada por todos los grupos de la oposición. Estos, sin embargo, no ahorraron en críticas a la gestión del ejecutivo.
Tomaron para ello como referencia los informes que sobre este asunto elaboraron el jefe del servicio de gestión económica y presupuestaria y el interventor. Dada la frecuente demora del Ayuntamiento en sus pagos, el primero de los funcionarios citados propuso la realización de una auditoría interna «que permita detectar e solucionar problemas na tramitación dos expedientes de contratación, buscando unha maior axilidade na tramitación dos expedientes de gasto, desde a fase de contratación dos mesmos ata que o mesmo finaliza coa aprobación do pagamento correspondente».
El interventor advierte, por su parte, que la más cuantiosa de las facturas aprobadas este jueves -130.145,59 euros para la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas- hace referencia a un servicio, el de control semafórico, que lleva en precario desde mayo del año 2015. El funcionario recuerda que, pese al tiempo que ha pasado, no se han puesto en marcha las medidas necesarias para licitarlo. El servicio, que tiene un coste anual superior a los 500.000 euros, «está a desenvolverse dun xeito irregular, totalmente contrario aos máis elementais principios de eficiencia e economía na xestión pública», concluye el informe, que también alerta de la pérdida de subvenciones como consecuencia de la demora del Concello de Ourense en hacer frente a sus deudas con los proveedores.
La oposición, especialmente PSOE y BNG, tomaron como base esos reparos para exigir medidas correctoras al gobierno local. «Háganselo ver», dijo el socialista Xosé Rúas, que ironizó con la gestión económica del Concello: «Non difire moito do famoso belén de Bispo Cesáreo». José Araújo, de Ciudadanos, dijo no querer hacer sangre y explicó que la situación se debe a la escasez de personal en determinados departamentos. Sin embargo, en lugar de tomar medidas, el gobierno municipal se dedica a «colocar a coñecidos e amigos», dijo. Finalmente, Luis Seara, del BNG, afirmó que los miembros del gobierno local han demostrado con el pago a proveedores que son unos «incompetentes, ineptos, morosos e irresponsables». Pese a las críticas, todos los grupos votaron a favor del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para que de ese modo los proveedores puedan cobrar las facturas.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, explicó que este tipo de acuerdos es «recurrente» en el Ayuntamiento de Ourense y recordó que él ya llamaba al exalcalde socialista Agustín Fernández «modificador en serie». Cree, por lo tanto, que el PSOE tiene «mucho morro» al criticar la situación actual. Dijo, además, que su gobierno tratará de corregirlo pero recordó que solo lleva seis meses en el cargo.
El gobierno local confía en reducir el período medio de pago tras aprobar facturas atrasadas
La concejala de Hacienda del Concello de Ourense, Ana María Fernández Morenza, explicó que el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado este jueves servirá para rebajar de forma «inmediata» el período medio de pago. Según el último informe elaborado al respecto, los proveedores del Ayuntamiento ourensano tardan en cobrar sus facturas una media de 94,44 días. La normativa sobre morosidad en la Administración pública indica que los pagos deberían abonarse como máximo en treinta días. La concejala popular explicó, no obstante, que este procedimiento extraordinario está previsto en la ley y culpó de la situación a que no había dado tiempo de tramitar todas las facturas a tiempo. Pese a ello, alabó a los técnicos municipales porque «con los medios que tienen, hacen un trabajo envidiable».
En el expediente concreto aprobado este jueves se incluyen facturas por valor de 433.449,14 euros. Son veinte. De ellas, diez corresponden a gastos realizados en el año 2018 y las otras diez son del 2019. Cabe destacar, por otra parte, que los proveedores afectados por la demora podrían reclamar intereses al Concello de Ourense. En su informe, el interventor municipal cuantifica un sobrecoste por ese motivo que superaría los 29.000 euros. Esta situación, según advierte, provocaría un perjuicio patrimonial a las arcas públicas. Los grupos de la oposición piden que alguien asuma la responsabilidad por ello y Luis Seara, del BNG, dijo en el pleno de este jueves que deberían ser los concejales del gobierno los que paguen los intereses.