Las absoluciones del bipartito revolucionan de nuevo al PSOE

El funcionario Javier García Gago, del que se ha desmarcado su propio sindicato, vuelve a situarse en el centro del conflicto


Ourense

José Javier García Gago (Ourense, 1960) lleva unos días en el foco de la vida política y sindical de la ciudad tras la sentencia absolutoria del caso de las asistencias técnicas, que él impulsó como denunciante. Es el último episodio de una larga serie de polémicas protagonizada por el militante socialista.

Al igual que su padre, ya fallecido, García Gago es funcionario del Ayuntamiento y sus primeras denuncias por irregularidades datan de los años noventa. En 1993 tuvo un sonado enfrentamiento con el entonces alcalde socialista, Manuel Veiga Pombo. La corporación tuvo que celebrar un pleno extraordinario para debatir la recusación -impulsada por él- del regidor del PSOE como miembro del tribunal de unas oposiciones. Además denunció al alcalde por prevaricación y coacciones en respuesta a la decisión de reubicarlo en funciones de atención al público.

Más tarde, con el popular Manuel Cabezas como alcalde, García Gago pasó de denunciante a «denunciado». Además de defender los argumentos del gobierno del PP en varios pleitos laborales, en el año 2006 fue señalado por la CIG como responsable de realizar contrataciones «a dedo». Curiosamente, años después se convirtió en el máximo representante de ese sindicato en el Ayuntamiento. Con el concejal popular Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa como responsable de ese departamento, García Gago fue jefe del servicio de Personal. Y ahí siguió pese al cambio de gobierno que propiciaron las elecciones del año 2007. Contaba con el respaldo inequívoco del concejal socialista Antonio Rodríguez Penín, pero las tensiones internas en el PSOE acabaron por pasar factura a ambos.

La división entre los socialistas ya era evidente en el año 2013, cuando García Gago solicitó autorización para compatibilizar su trabajo en el Ayuntamiento con su actividad como docente en el campus universitario. El alcalde -que entonces era Agustín Fernández- decidió no concedérselo y, para no votar en contra, Penín y otros concejales se ausentaron. A partir de ese momento fueron conocidos como «díscolos», aunque también se aludió a ellos como «pachistas» por su afinidad con Pachi Vázquez.

Gago ya había sido destituido como jefe de Personal en el año 2008. A partir de ese momento puso en marcha una batería de recursos para defender sus intereses como funcionario. Además, impulsó denuncias de más calado político, por el nombramiento como directora general de Personal de Carmen Rodríguez Dacosta, entonces secretaria general del PSOE local, o por el caso de las asistencias técnicas, cuya sentencia acaba de conocerse.

Ahora -tras la absolución de los implicados- se sabe que, pese a hacerlo en nombre de la CIG, García Gago no contaba con el apoyo de ese sindicato. «Expresamente rexeitamos os procedementos xudiciais nos que a nosa sección sindical se persoou como acusación de cargos do goberno local entre os anos 2007 e 2015», dice un comunicado difundido por la CIG este miércoles, que se desmarca claramente de lo que hacen sus representantes en el Ayuntamiento: «A CIG de Ourense non comparte, nin fai seus, moitos dos pronunciamentos públicos que fai a sección sindical da nosa central».

El sindicato se plantea tomar «medidas de carácter interno», algo que no hará el PSOE. Se da la circunstancia de que Javier García Gago tiene un protagonismo especial en el partido. Es miembro de la ejecutiva provincial, donde lleva el área de Xustiza, y quien lo designó para esa responsabilidad no piensa prescindir de él. Se trata de Rafael Rodríguez Villarino, el líder de los socialistas ourensanos. «Non temos nada que decidir», dijo el secretario provincial del PSOE, que recordó que Gago no formaba parte de la dirección socialista cuando promovió esas denuncias. «Descoñezo se a CIG tomará algunha medida, pero nós non», sentenció Villarino. Esas declaraciones no han logrado apaciguar los ánimos entre los llamados «paquistas» por su afinidad con el exalcalde Francisco Rodríguez. La ex teniente de alcalde, Marga Martín, dijo en una entrevista a La Voz de Galicia que «esta persona -en referencia a Javier García Gago- está en la ejecutiva provincial y esperemos que ahora, que se sabe que todos los compañeros eran inocentes, se tome alguna medida».

El aludido no quiso responder a Martín, pero sí lo ha hecho con la CIG. Ve en su comunicado una «inxerencia» y lamenta que el sindicato no se pronunciase ante la «persecución sindical» que sufrió (aporta una denuncia presentada en su día por dos concejalas del bipartito). Por otra parte, asegura que la decisión de acudir al juzgado sí fue consensuada en el seno de la sección sindical.

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