Los forenses dicen que la víctima de un rapto vivió «peligro de muerte»

La doctora que la atendió en urgencias asegura que tenía golpes por todo el cuerpo


ourense

Tras haber pasado veinte días presuntamente retenida contra su voluntad en una vivienda de la calle Dalia de la capital ourensana en el mes de enero del 2018, la víctima fue «entregada» en la comisaría de Policía y posteriormente examinada en urgencias del CHUO. Dos de las profesionales que la atendieron comparecieron este jueves en la sala de vistas de la Audiencia provincial para explicar lo que vieron. «Tenía golpes por todo el cuerpo, algunos recientes y otros más antiguos», explicó una doctora, que relató además que el relato de la mujer, que aseguraba que había sido agredida sexual, física y verbalmente era «compatible» con los síntomas que presentaba. Fue preguntada también por el hecho de que el análisis de sangre que le hicieron no hubiese evidenciado el consumo de drogas -la víctima dice que la obligaban a tomarlas-, advirtiendo que en algunos casos el consumo se puede negativizar si han pasado más de dos días. «Tenía síntomas de haber vivido un episodio traumático», explicó la psiquiatra que la atendió en esa misma unidad.

Los forenses, por su parte, constataron que la mujer presentaba golpes «inespecíficos» y tenía el pelo arrancado. Asimismo, explicaron que se le diagnosticó estrés postraumático, algo «que se vive cuando la persona sufre un peligro de muerte». Otra psicóloga incidió también en que sintió ese temor por su vida y en que las lagunas mentales que tiene la víctima sobre los hechos son «normales» en casos como el suyo.

«Nunca me atrevería a hacer esas cosas» dijo el principal acusado al terminar la vista

En su derecho a la última palabra los acusados volvieron a apelar a su inocencia, si bien Javier G. J., que está en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos y podría ahora enfrentarse a una larga condena, fue algo más explícito. «Soy inocente de lo que se me acusa; no me atrevería a hacer nunca esas cosas», afirmó ante el tribunal, exculpando asimismo a sus allegados. «Mi familia no tiene nada que ver en esto», dijo. La pelota está ahora en manos del tribunal, que en los próximos días o semanas dictará sentencia por un caso que ha provocado un especial dispositivo de seguridad en el Pazo de Xustiza. Hasta ocho agentes policiales han custodiado la sala de vistas para evitar enfrentamientos entre los propios acusados, que llegaron a amenazarse de muerte entre ellos en la primera sesión del juicio.

La víctima pide 42 años de prisión, la Fiscalía 17, y las defensas solicitan la absolución por falta de pruebas

Las posturas que mantienen las partes personadas en este caso no podrían estar más alejadas. Para las acusaciones hay pruebas suficientes para demostrar que la denunciante estuvo veinte días retenida en casa de los acusados, integrantes todos del conocido como Clan de los Madriles, y de que durante ese tiempo sufrió abusos sexuales y fue golpeada, drogada y vejada. «Javier la tenía amenazada y le impedía salir de casa», aseguró el fiscal, que culpó a Javier G. J., de 40 años, de las violaciones y golpes que sufrió la perjudicada. «Está claro que la mantuvo encerrada porque quería mantener relaciones sexuales con ella y para que accediera la golpeó de forma reiterada, con comportamientos difíciles de entender en personas civilizadas», aseguró, recordando que a la mujer le negaban la comida y la sometían a duchas de agua fría. Ve probado esta parte que hubo un delito de agresión sexual continuada y solicita para este acusado 17 años de prisión. Para los otros cinco imputados, sus padres y sus tres hermanos, reclama dos años y medio de cárcel, por considerar que se encargaron de vigilar a la víctima e impedir que pudiera irse.

Mucho más severa es la calificación penal de la letrada de la perjudicada, personada como acusación particular. Eleva a 42 los años de prisión que reclama para Javier, asegurando en sus conclusiones finales que la víctima «no pudo pedir ayuda porque si lo hubiese hecho, estaría muerta». Incidió en que la mujer estuvo todo el tiempo retenida «contra su voluntad» y que en ningún momento la dejaron sola, y culpó a Ana J. G. de cooperar con su hijo en los delitos, reclamando para ella 13 años de prisión. Para el resto, solicita ocho.

Pero para las defensas no hubo rapto alguno, ni tampoco violaciones o agresiones. El abogado de Javier aseguró que el testimonio de la víctima es «inverosímil» y cuestionó que no hubiese podido pedir ayuda «si tal y como dice salía todos los días a robar e incluso se encontraron un día con la Guardia Civil». Para esta parte la existencia de unos vídeos en los que la víctima aparece cantando, aparentemente alegre, en casa de sus presuntos captores, es prueba de que no existieron los delitos que se imputan. Sus compañeros también hablaron de un caso «huérfano de prueba» y consideraron improbable que toda la familia hubiese orquestado el plan.

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