El exalcalde Manuel Cabezas, más cerca del banquillo por el caso de las cesiones urbanísticas

La Voz OURENSE

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Santi M. Amil

La jueza aleja del caso a cinco exediles del PP que habían sido investigados en el asunto

02 oct 2019 . Actualizado a las 19:20 h.

La investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense por la exención entre 1999 y 2002 a varios promotores que ejecutaron proyectos urbanísticos en la capital de la cesión del 10 % del suelo para aprovechamiento municipal sigue adelante. La jueza que instruye el caso, Eva Armesto, ha excluido del mismo a cinco exediles del Partido Popular que durante aquellos años formaron parte de la corporación municipal. En el caso de Enrique Nóvoa, Poli, la magistrada considera que la causa contra él por prevaricación y malversación está prescrita. Aparta también del asunto, por ahora de forma provisional ya que el auto puede ser recurrido, a Francisco Javier Rodríguez Novoa, José Luis Rodríguez Cid, Belén Girón Vélez y Francisco Muñoz Seguín. El pasado julio la magistrada ya había declarado prescrita la causa para Elena Rivo, Mario Guede y Vicente Alonso. Así las cosas, la investigación se centra ahora en el exalcalde de la capital por el Partido Popular, Manuel Cabezas, y su concejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrado. En el auto la magistrada pide que continúe la tramitación de las diligencias por si la conducta de ambos al no reclamar aquellas cesiones, que según el Consello de Contas produjeron un perjuicio de 1,6 millones de euros a las arcas municipales, «pudieran ser constitutivas de un delito continuado de prevaricación y malversación agravada». En cuanto a la prevaricación administrativa, la togada ve «una desviación o torcimiento del derecho grosera y clara» atribuible a los investigados, por no exigir siempre las cesiones. Respecto a la malversación, asegura que «la cifra de 1.651.140 euros debe incardinarse en las cuantías de especial gravedad».

La pelota está ahora en manos de la Fiscalía, que hasta ahora no ha presentado acusación en el asunto. La popular, ejercida por Áurea Soto, la denunciante, seguirá adelante, pidiendo apertura de juicio oral y presentado su escrito de acusación.