El centro para discapacitados de Ourense no estará operativo hasta el año 2021

La Xunta presentó este martes el proyecto de la residencia, que dispondrá de 110 plazas


ourense / la voz

Tras casi tres años de idas y venidas, el Centro de Atención a Personas Discapacitadas (CAPD) de Ourense comienza a ver la luz al final del camino. La Consellería de Política Social presentó este martes en la delegación provincial de la Xunta el proyecto de construcción de la residencia, elaborado por el estudio de arquitectura coruñés Iglesias Veiga, y que contempla un total de 110 plazas -80 de cáracter residencial y 30 en el centro de día- en un recinto cuya superficie se acerca a los 5.000 metros cuadrados y en el que se invertirán 5,5 millones de euros.

La conselleira, Fabiola García, comenzó pidiendo disculpas «porque este proceso foi moito máis longo do desexable». García detalló que la firma encargada del proyecto entregó hace dos semanas el referente a su ejecución, «muy complejo» según los arquitectos, que encontraron dificultades técnicas en el terreno de Barrocás donde se levantará el centro. De ahí nace, supuestamente, la demora en entregar el diseño y la posterior licitación, emplazada por el gobierno autonómico al pasado mes de mayo.

En este sentido, García concretó que, el pasado lunes, la Xunta solicitó la licencia municipal en el Concello: «Pedimos que axilice os prazos o máximo posible». Precisamente, en lo referente a los tiempos estimados, la conselleira contempló que sea en septiembre cuando se envíe la licitación al Diario Oficial de la Unión Europea previa autorización del Consello de la Xunta. A continuación, vendría el plazo de ofertas para adjudicar la construcción del centro, que según las previsiones del gobierno gallego se irán al primer cuatrimestre del año 2020. Y de ahí, a aguardar los 18 meses de trabajos que Política Social estima necesarios para levantar el edificio.

La gestión del centro

Las dudas sobre si el centro será gestionado o no de forma pública no se disiparon tras la presentación del proyecto. Es una de las preocupaciones que mantiene en vilo a la Plataforma ProCAPD. Elena Domínguez, portavoz de la asociación, lamentó que «la respuesta sobre si la gestión es o no pública es ambigua, cuando necesitamos una tajante». Domínguez confirma que ha recibido la llamada de la Xunta para que este viernes conozcan de primera mano el proyecto de construcción definitivo, pero insta a Política Social a que detalle si «cuando se licite la obra, se convocarán también las plazas de personal que trabajará en el centro», en alusión a si habrá empleados fijos o se tratará de una concesión.

Durante su comparecencia, Fabiola García aludió con celeridad a que «o Goberno galego sempre se comprometeu a que fose un centro público». «Podo garantizarlles que prestará o mellor servicio e de calidade, que é o que necesitan as persoas con discapacidade e demandas as súas familias», dijo. Pero no se aportaron más detalles sobre el funcionamiento a nivel laboral del CAPD, que crearía 46 puestos de trabajo según las estimaciones de la Xunta.

Elena Domínguez, mientras tanto, se muestra escéptica ante la estimación de tiempos barajada para las obras: «Creo que es bastante optimista». Pero no es la única cuestión que quieren dilucidar, porque Domínguez se queja de que «cuando nos ofrecieron el proyecto para hacer el centro en Mariñamansa, supimos que no iban a ofrecer servicio de cocina». Ella dice que, para un cuidado adecuado, «los pacientes necesitan un personal fijo».

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