«En materia de incendios a veces la Administración no está a la altura»

Carmen Eiró, fiscala de Medio Ambiente en Ourense, asegura que la Confederación Hidrodráfica «miró para otro lado» en el caso del vertido tóxico al Barbaña


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Desde hace trece años es la responsable de Medio Ambiente en la Fiscalía de Ourense. Carmen Eiró Bouza (Ourense, 1969) conoce bien las complejidades que entraña la lucha contra los incendios en una provincia que también ha sufrido otros desastres ambientales producto de la acción humana.

-Este verano los incendios están dando una tregua, ¿conviene no bajar la guardia?

-En materia de incendios no se puede uno relajar nunca y sobre todo aquí en Ourense. Desde hace un tiempo las cosas han cambiado y pasamos de los fuegos en el monte a los registrados muy cerca de las poblaciones. También las condiciones climatológicas son más adversas, ya que el cambio climático es un hecho. Por eso hay determinadas zonas en las que son previsibles, dadas las condiciones meteorológicas, que se vayan a producir incendios.

-¿Esto permite prevenir?

-La Fiscalía General del Estado, teniendo en cuenta eso, el año pasado puso en marcha un plan piloto en las comunidades en las que son recurrentes los incendios. Lo que se descubrió es que la mayor parte de los municipios no tenían protocolo, o estaba desactualizado. De esto se ha dado cuenta al Ministerio de Agricultura para que tome medidas. Hay que dejar claro que los incendios no son ni como los terremotos ni como las inundaciones, que no se pueden predecir.

-¿Hay que aumentar las penas, como piden los políticos?

-A mi modo de ver no se trata de agravar las penas. Aquí vemos que falla la concienciación social, en relación a que el monte no se valora lo suficiente, pero también a veces la Administración no solo no está a la altura, sino que hay que sentarla en el banquillo de los acusados, por lo que no es un problema de incremento de penas de privación de libertad, sino de concienciación social, de gestión territorial y de planificación.

Todos los años la Fiscalía Superior fija directrices y este año se va a potenciar la utilización de nuevas tecnologías para facilitar la investigación en materia de incendios, con el objetivo de asegurar la prueba de cara a los juicios.

-¿Constata la existencia de conductas irresponsables por parte de los ciudadanos?

-Sí. En las quemas de restos agrícolas no basta la autorización. Hay que extremar la diligencia y si las condiciones meteorológicas no son buenas no se puede hacer. La autorización no cubre este tipo de conductas y a veces de la imprudencia se pasa a un dolo eventual, porque cualquiera sabe que el fuego con el viento se expande. No es una mera omisión de las diligencias necesarias.

-Los ayuntamientos tienen responsabilidad en prevención, pero la limpieza recae sobre los dueños...

-Entiendo que los ayuntamientos no llegan a todo y hay que establecer una política de limpieza, pero no pueden delegar su responsabilidad. Si no se localiza al dueño de un terreno, tienen que hacerlo ellos, y aunque se trate de una finca privada en un núcleo habitado; ya hay sentencias que dicen que no se produce una vulneración del derecho a la intimidad.

-Se dice que quien contamina paga pero la muerte de miles de peces en el Barbaña por un vertido tóxico quedó impune. ¿Sintió frustración?

-Sí. Con la nueva ley se ha cambiado lo de quien contamina, paga por el principio de quien contamina, repara, por razones obvias. Pero cuando llega el momento de dar la cara y asumir responsabilidades, la mayoría de las veces las administraciones implicadas miran para otro lado, como pasó con el Barbaña con el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

-¿Sigue existiendo riesgo de que se repita aquel vertido?

-A día de hoy la depuradora de San Cibrao sigue siendo la que era y sigue habiendo vertidos en el río Barbaña; de hecho ya tenemos judicializada otra causa.

-¿Qué habría que hacer?

-Lo ideal sería que cada uno asumiera su culpa, también las empresas, pero la depuradora, que es de dos parques industriales debería de actualizarse con nuevas tecnologías. Eso no eliminaría los vertidos, que los va a seguir habiendo, pero se harían las cosas mejor. Hay dejadez por parte de la administración local y también por parte de la confederación hidrográfica.

«Desde que se investiga el vertido de purines en A Limia las cosas se hacen menos mal»

En el departamento de Carmen Eiró se investigan delitos relacionados con la contaminación o los vertidos. Desde hace unos meses está sobre la mesa la polémica por la gestión de residuos en A Limia, donde existe un alto número de explotaciones agroganaderas.

-Los ecologistas hablan de delitos ambientales y han acudido varias veces a esta Fiscalía...

-Hay unas diligencias de investigación de las que no puedo hablar porque son secretas, lo que sí puedo decir es que la legislación estatal del 2017 en relación al vertido de purines no se aplica en Galicia ni en Asturias porque se dictó una moratoria. De momento se sigue haciendo lo que se hacía y por ahora, salvo algún supuesto puntual, se trata de cuestiones administrativas, porque en los delitos contra el medio ambiente, si no hay normativa, no puede haber infracción.

-¿Hay constancia de que esos vertidos agrícolas puedan estar llegando a los ríos?

-No hay constancia de que esos vertidos estén llegando, pero sí alguna fosa séptica de algún ayuntamiento, aunque ese es otro tema. En cuanto a los purines, desde que se iniciaron diligencias de investigación y se ofició al Seprona, muchas cosas están empezando a hacerse menos mal. Luego, el pretender extender responsabilidades penales al gobierno autonómico porque existen múltiples explotaciones, es una cuestión en la que hay que hilar muy fino. No se puede utilizar una asociación privada, sin ánimo de lucro, para ciertas cosas. La Fiscalía está para defender la legalidad, no para cobrar en virtud de denuncias presentadas. Hay algún caso que igual va a delante porque existe un impacto ambiental grave constatado y una infracción de una norma, pero sería bueno que presentaran iniciativas legislativas y que se permitiera a las explotaciones adaptarse a las nuevas tecnologías.

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