Reconozco que me molestan los anuncios de venta de alarmas. Ese matrimonio que, en conversación íntima y sincera, decide que este verano instalará el sistema de seguridad en la casa de la playa para que no se metan los okupas en invierno. Ese teléfono que suena y, al descolgar, resulta ser la vecina de la urbanización, preocupada por que la noche anterior han estado robando en viviendas del barrio. ¿Y si la nuestra ha sido una de ellas? Razonan los receptores de la comunicación, que coinciden en que lo mejor, para estar tranquilos, será instalar el sistema de seguridad.
Apelar al miedo, ese sentimiento tan irracional, no me parece la forma más legítima para hacer negocio, y de ahí que me incomode ese tipo de publicidad, pero es indudable que la delincuencia existe y también que a menudo los ciudadanos nos sentimos inseguros o indefensos ante ella. Porque se cometen delitos casi a diario, y no siempre las fuerzas de seguridad son capaces de impedirlos o resolverlos.
Lo sabe bien la familia de Socorro Pérez Rodríguez. Esa mujer de 43 años que una tarde salió a correr y nunca regresó a su casa. Se tardó más de un mes en encontrar su cadáver porque las alarmas, las otras, no sonaron todo lo fuerte que hubiera sido necesario. Seguramente la mataron aquella misma tarde. Cuatro años después nada se sabe de los responsables del crimen. Su familia está dolida por la falta de respuestas, pero también por el «silencio» policial y social que tuvo el caso. Es normal que estén intranquilos, y tal vez deberíamos estarlo todos, porque lo que pasó aquel 2 de mayo podría volver a ocurrir. Y no es un anuncio.