Tumban el caso de ayuda a domicilio siete años después de la denuncia

La Audiencia no ve responsabilidad penal en Marga Martín y José Troncoso


Ourense

Las presuntas irregularidades en la gestión de la ayuda a domicilio de la capital entre los años 2007 y 2011 no llevarán a nadie al banquillo. Ni a la ex concejala socialista Marga Martín ni a los empresarios, y ex socios, José Troncoso y Alberto López (ahora fugado en Venezuela tras un supuesto desfalco). La Audiencia Provincial ha tumbado un caso que centró el debate político en el Concello de Ourense durante años y que marcó la judicialización de la vida municipal. Lo hace al estimar los recursos presentados por Martín y Troncoso a un auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias del caso, dictado por el Juzgado de Instrucción número dos en abril del 2018, y que acercaba a los investigados a un juicio. Finalmente no será así.

El modo de gestionar la ayuda a domicilio saltó del salón de plenos del Concello al juzgado a finales del año 2012, con PSOE y BNG formando un bipartito donde eran los socialista los responsables de los asuntos sociales. En aquel momento, el entonces minoritario partido político Democracia Ourensana (hoy al frente del gobierno de la capital) presentaba una denuncia. Se da la circunstancia, además, de que el primer juez que se ocupó del caso fue Antonio Piña, actual presidente de la Audiencia. Posteriormente pasó a manos de Luis Doval, que se hizo cargo del juzgado tras el traslado de Piña.

En la base de la instrucción estaban las facturas de regularización de gastos y los supuestos incumplimientos de la oferta presentada al concurso por la empresa adjudicataria. El instructor tenía la intención de continuar con las diligencias previas en relación a los delitos de falsedad documental, estafa, fraudes y exacciones ilegales y malversación de caudales públicos. Tras el recurso de dos de los investigados llega la decisión de la Audiencia: el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender no debidamente acreditado que Marga Martín y José Troncoso perpetrasen delito alguno. «No se ha acreditado un concierto entre la recurrente y los directores de la concesionaria para defraudar al Ayuntamiento, ni alteró factura alguna cuya elaboración no le correspondía, ni en definitiva se apoderó de caudales públicos en su beneficio ni consintió que otros lo hicieran», detalla el auto de la Audiencia, del que es ponente la magistrada Blanco Arce. Así lo argumenta: «La larga instrucción desarrollada ha podido acreditar tan solo que el Ayuntamiento pagó servicios que en realidad no fueron prestados por la empresa concesionaria y tal desajuste no parece haber sido objeto de reparación a través de los obligados reintegros por parte de la concesionaria (...) pero de tal desajuste no cabe responsabilizar penalmente a la recurrente, la que se limitó a seguir las pautas de facturación que ya se seguían con una concesionaria anterior, sin imponer cambio alguno, ni establecer instrucciones dirigidas a los encargados de la fiscalización económica de las distintas partidas presentadas, los que por lo demás no consta haber hecho advertencia alguna a la concejala de posibles irregularidades».

Respecto al otro recurrente, José Troncoso, el auto determina que su comportamiento es «penalmente irrelevante» y que debería tener respuesta en el ámbito administrativo. «Ninguna responsabilidad penal se le puede atribuir al recurrente en la confección de las facturas tachadas de inveraces ya que el propio coinvestigado (Alberto López) ha asumido tal responsabilidad, excluyendo la de su socio, desde el momento que admite en la declaración prestada que llevaba la gerencia y la gestión contable (...) atribuyendo al recurrente el aspecto operativo». Concluye la Audiencia que no se le puede atribuir a Troncoso ni un delito de falsedad ni un fraude algo que, para la ponente, aboca al sobreseimiento. Aunque hace un apunte: «Sin perjuicio de las acciones de reclamación que el Ayuntamiento pueda ejercitar para obtener el resarcimiento de las sumas indebidamente satisfechas».

El auto señala que la ex edila socialista no era responsable de las facturas emitidas

En los fundamentos del auto con el que la Audiencia da carpetazo al caso de la ayuda a domicilio es la actuación de la que fuera concejala de Asuntos Sociales, la socialista Marga Martín, la que se analiza de forma más pormenorizada. El juzgado le imputaba a ella la responsabilidad de la facturación realizada entre los años 2007 y 2010, con un perjuicio para el Concello «al satisfacer servicios no prestados en realidad, de modo tal que las facturas que daban soporte contable a tales servicios serían falsas». La Audiencia no está de acuerdo tampoco en ese punto con el instructor: «La recurrente carecía de dominio funcional, en la apuntada facturación, ya que por un lado la adecuación de las facturas emitidas por la concesionario a la realidad, no le correspondía a la recurrente sino a los funcionarios de los servicios afectados, tampoco la autorización de pago que estaba atribuida al concejal de Hacienda o el alcalde».

El auto hace también alusión a otro asuntos discutido en la instrucción, el pago de sumas en concepto de gastos de desplazamiento: «Al margen de que ello era una práctica que se llevaba a efecto con la anterior concesionaria, los posibles desajustes contables que pudieran producirse carecen de toda relevancia penal».

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