La representante del ministerio público cree que no se le debe subir la fianza, pero ve prescritos los cargos contra Enrique Nóvoa, Poly
04 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La instrucción de la causa por un presunto delito de malversación contra el exalcalde de la capital por el PP, Manuel Cabezas, abierta en el juzgado de Instrucción número 1 de la capital ourensana, sigue dando pasos. El más reciente es el que ha protagonizado la Fiscalía de Ourense, que ve legitimada la personación de Aurea Soto, ex edila socialista de urbanismo, como acusación popular -inicialmente lo hizo erróneamente como acusación particular-, y ve justa la fianza de 500 euros solicitada por el juzgado en un auto del pasado 4 de junio.
El escrito es la respuesta del Ministerio Público al recurso presentado por las defensas de Cabezas y de Enrique Nóvoa Lopéz, Poly, contra aquel auto. Ambos solicitaban que todas las actuaciones realizadas con anterioridad al 4 de junio se declarasen nulas y consideraban insuficiente la fianza solicitada a la denunciante, al considerar que debía ser del 5 % de la responsabilidad civil del caso, y por tanto de 82.500 euros.
Pero la fiscalía se opone a estas peticiones. Por un lado, cree que Soto subsanó «una mera irregularidad procesal» que no puede suponer la nulidad de todo lo actuado hasta la fecha del auto. Por otro, estima «suficiente y plenamente ajustada» la cuantía de la fianza, aludiendo a que «no puede erigirse en obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción popular, ya que ello conduciría a la indefensión».
Eso sí, la fiscal Carmen Eiró se pronuncia también sobre la acusación contra Enrique Nóvoa, que ocupó el sillón de la alcaldía durante unos meses. Cree que en su caso el delito de malversación estaría prescrito, ya que los hechos investigados se produjeron en el 2000 y su citación como investigado se hizo el pasado 8 de marzo, cuando ya habían pasado los 15 años previstos por la ley.
Tendrá ahora la magistrada Eva Armesto que decidir si, en base a este argumento, archiva el caso contra el ex edil. Hay otros cinco ex concejales del Partido Popular investigados en este caso que podrían ser exculpados por los mismos motivos.
Este asunto tiene su origen en la no exigencia por parte del gobierno local a los constructores de las cesiones del 10 % de sus proyectos para aprovechamientos públicos, una decisión que según el Consello de Contas supuso un perjuicio de 1,65 millones de euros a las arcas municipales.