La Policía Autonómica investiga una media de 11 incendios al mes

Cándida Andaluz Corujo
c. andaluz OURENSE / LA VOZ

OURENSE

MIGUEL VILLAR

La unidad está compuesta por 45 personas que realizan diversas labores

26 jun 2019 . Actualizado a las 08:18 h.

Un total de 45 personas conforman la estructura de la Policía Autonómica de Ourense. Tres de ellos son el jefe provincial, de grupo y subgrupo; tres se dedican a coordinar a los equipos y 39 son policías. Este equipo se divide en un grupo de investigación y otro de seguridad y prevención. Los primeros se ocupan de temas relacionados con los incendios, la violencia interfamiliar y menores y el medio natural. El resto participa en acciones de seguridad de apoyo a otras Fuerzas y Cuerpos del Estado. Dentro de sus funciones, la unidad en Ourense realizó en el 2018 un total de 8.363 inspecciones -en lo que va de año suman 3.164- realizadas en su mayoría para la prevención de infracciones contra el medio ambiente. Así actuaron en temas relacionados con la caza, la pesca, los vertederos incontrolados, quemas e incendios forestales o protección del patrimonio. Pero también en el control de la venta y uso de alcohol a menores, entre otros. Del total, 1.522 investigaciones dieron resultado positivo y en lo que va de año, 598. De todas estas se elevaron actas y denuncias ante las diferentes autoridades competentes para la instrucción de los expedientes administrativos correspondientes.

En septiembre del 2016, la policía autonómica de Ourense comenzó a hacerse cargo de casos de violencia de género, junto a la Nacional. 51 fueron los asignados a esta unidad el año pasado, durante el que se detuvieron siete personas; y este año atienden a 36 mujeres, con diferentes niveles de riesgo. Además, los agentes hacen de forma continuada entrevistas a las víctimas para canalizar cada una de las situaciones. Un total de 578 realizaron en el 2018 y en el 2019 llevan 214.

En todas las sedes de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) adscrita a la Xunta existen equipos permanentes de investigación de incendios, cuyo trabajo viene marcado por el Plan Pladiga de Medio Rural. Con la llegada del verano, sus esfuerzos se concentran en las denominadas Parroquias de Especial Vixilancia (P.E.V.), distribuyéndose las zonas de actuación, 46 en total en la provincia de Ourense, entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dentro de este plan realizan patrullas de prevención e investigan los incendios de los lugares a los que están asignados. El año pasado investigaron 135 incendios, 42 fueron esclarecidos y hubo 19 detenciones en la provincia ourensana. Además, dentro de su trabajo de prevención, identificaron a 8.434 personas y controlaron 223 vehículos. En lo que va del 2019, la unidad de la Policía Autonómica de Ourense detuvo a 17 personas como presuntas autoras de delitos de incendio, esclareciendo un total de 29.

 

La Policía Autonómica destaca como acción relevante en Ourense la que se llevó a cabo en octubre del 2017, en medio de la oleada de incendios forestales, en una jornada, la del 15 de octubre, en la que la mayor parte del servicio se hizo de noche con falta de visibilidad por el humo.

Evacuaron a 90 personas, tres de ellas desaparecidas que fueron encontradas a salvo. Asumieron grandes riesgos controlando carreteras, realizando accesos de puntos de evacuación y participando junto a los vecinos en la extinción de los fuegos. Además, a la hora de hacer balance destacan el trabajo en la localización de una persona esquizofrénica desaparecida y la reanimación cardiopulmonar de un conductor en la N-120 a su paso por la capital.

Preocupación porque aumenta el número de menores que apuesta

Un de las principales actividades encomendadas a la unidad adscrita del CNP a la Xunta es velar por la protección de los menores. Entre otras labores, los agentes de la Policía Autonómica trabajan en la detección de situaciones de desamparo y abandono o malos tratos a menores de edad, mediante una serie de medidas de prevención e investigación. Esto es posible gracias a los contactos habituales con directores y docentes de colegios, guarderías, casas de acogida, centros de protección, personal de servicios sociales y familiares y vecinos de menores en situaciones de riesgo. Realizan controles de absentismo escolar, consumo de alcohol y tabaco, prevención de la venta y consumo de sustancias estupefacientes, mendicidad o salones recreativos y máquinas de apuestas. En este último apartado han realizado este año 62 intervenciones, siendo en la actualidad una de sus máximas preocupaciones, por el aumento exponencial, como está pasando con el acoso escolar. Aún así, la mayor parte del trabajo se lo lleva el traslado de menores, sobre todo de aquellos que se encuentran en centros de protección, por diferentes circunstancias: desde ir al médico a acudir al juzgado. En el 2018 hicieron 1.012 traslados y este año levan 297.