El CGPJ no ve desatención hacia la víctima por parte de la jueza del caso de Isabel Fuentes

Archivan la denuncia de la familia de la mujer fallecida en el CHUO contra la togada


ourense / la voz

La jueza de Verín que instruyó la causa de Isabel Fuentes, la mujer que fue asesinada en abril del 2015 por su marido mientras convalecía en el complexo hospitalario de la capital ourensana de otra lesión causada por el cónyuge, no cometió ninguna irregularidad al no proteger a la víctima de su agresor y permitirle estar en el hospital con ella. Así lo ha dictaminado el promotor de la acción disciplinaria encargado de estudiar la denuncia presentada por la familia de la víctima, que consideraba que la magistrada había actuado de forma negligente al no dictar una medida de prisión contra Aniceto Rodríguez. El instructor ha archivado la información previa abierta a la juez Cristina Fernández Viforcos, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín cuando ocurrieron los hechos. Aquella denuncia atribuía a la juez una falta muy grave de desatención, con la consecuencia de la muerte de una mujer a manos de su marido.

Según han confirmado fuentes judiciales, la denuncia fue analizada en su día por el promotor, quien acordó el archivo el 27 de octubre de 2015. La familia de la víctima no quedó satisfecha con aquella primera decisión y recurrió, lo que propició que el Tribunal Supremo ordenase reabrir la información previa para la práctica de nuevas diligencias. Cumplido el mandato de la sentencia, el promotor ha acordado ahora de nuevo el archivo «al entender que la denunciada no cometió la falta disciplinaria de desatención muy grave». Considera además que las resoluciones dictadas por la jueza no pueden calificarse como de «ilógicas, irracionales, arbitrarias o disparatadas; ni carentes por completo de justificación», tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar tal infracción. Al contrario, da por hecho que la juez resolvió «con prontitud, de manera razonada y, sobre todo, atendiendo a los hechos que en ese momento se le habían presentado» por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que no eran suficientes como para justificar una limitación de los derechos fundamentales mediante la adopción de medidas cautelares. Recuerda además que tampoco la Fiscalía solicitó la adopción de tales medidas contra Aniceto, quien en 2017 fue juzgado por la muerte de su esposa y condenado a 31 años de prisión, 19 por el asesinato consumado y doce por el intentado. En septiembre del 2018 cuando cumplía la condena en la prisión de A Lama, Rodríguez murió a causa de un fallo cardiovascular. Tenía 78 años.

La decisión del Consejo General del Poder judicial añade que, conforme a la doctrina del Supremo, en ningún caso la labor de depuración por vía disciplinaria de la actuación de los jueces y magistrados puede «interferir» en su función jurisdiccional.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos
Comentarios

El CGPJ no ve desatención hacia la víctima por parte de la jueza del caso de Isabel Fuentes