Absueltos los cinco acusados de montar una trama de doble contabilidad en el Xesteira

La jueza dice que el denunciante no estaba legitimado para acusar


ourense / la voz

Los cinco acusados que fueron juzgados por haber puesto en marcha una trama de doble contabilidad en el restaurante asiático del antiguo cine Xesteira han sido exonerados. En la sentencia por este caso la titular del Juzgado de lo Penal 2 absuelve a Haimaio C., Shengsheng C., Pin C., y los contables Manuela R. Á., y Jorge V. G. del delito del delito contra la Hacienda Pública que les imputó otro socio ourensano del negocio y, ya durante la fase de juicio, el Ministerio Fiscal. Entiende la jueza que el empresario no estaba legitimado para ser acusación particular, puesto que eso le correspondería a la Hacienda Pública, parte perjudicada por el hecho de que en el negocio se facturase en B el 45 % de las ganancias. «No puede otorgarse la condición de acusación particular a los denunciantes, condición que solo correspondería a la Hacienda Pública, cuya articulación de manera profesionalizada correspondería, si acaso, a la Abogacía del Estado» recoge la sentencia, que hace suyos los argumentos esgrimidos por las defensas, añadiendo que «por ofendido debe entenderse el sujeto pasivo del delito mientras que por perjudicado debe entenderse el que sufre en su esfera patrimonial los efectos de la acción delictiva, razón por la cual es el titular de la pretensión de reparación del daño causado, sin que ninguna de estas dos condiciones concurra en los denunciantes».

Sabía lo que pasaba

No considera tampoco la ponente que José María R. L. pueda considerarse perjudicado puesto que conocía la existencia de ese programa de doble contabilidad, tal y como reconoció en el juicio. «Es lo cierto que el denunciante señaló que se opuso al establecimiento de ese sistema, sin embargo, por lo que podemos apreciar, su supuesta oposición a ese sistema no fue acompañada de ningún acto material efectivo dirigido a combatirla, como por ejemplo, poner esos hechos en conocimiento de la Agencia Tributaria». Menciona, en este sentido, que durante el juicio algunos testigos asegurasen que fue José María R. L., el denunciante, quien los contrató, explicándoles que se les harían contratos por cuatro hora a pesar de que trabajarían a jornada completa. «Resultaría ciertamente paradójico considerar que pudiera ser un posible ofendido o perjudicado por el delito fiscal que aquí se enjuicia e incluso sería también cuestionable considerar justificada su intervención como acusación popular cuando su actuación no está presidida por un ánimo altruista propio de cualquier ciudadano que intenta velar por una correcta y adecuada contribución al sostenimiento de los gastos públicos a través del sistema impositivo», recoge la sentencia.

En cuanto a los delitos de falsedad documental que apreciaba también la acusación particular por la existencia de tiques que no reflejaban la contabilidad real y por los cambios que se hicieron en la sociedad, relativos a la participación de los socios, no ve tampoco la magistrada delito alguno. La acusación particular reclamaba en este caso penas de más de cinco años de prisión y una responsabilidad civil de 50.000 euros, por el dinero que el socio ourensano habría dejado de percibir debido a las ganancias que, según él, le ocultaron los acusados.

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